El Gobierno español cierra el curso con los traspasos como asignatura pendiente tras el verano

En la Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado viernes volvió a vislumbrarse a un Pedro Sánchez con gestos y palabras bonitas de cogobernanza, pero en la práctica esas promesas no se han traducido hasta el momento en avances significativos a nivel territorial. Y es que en eso se ha resumido la gestión del Ejecutivo de Sánchez con las comunidades autónomas en los últimos meses: en mucha palabrería pero pocas acciones.

En el centro del debate está el eterno proceso de descentralización del Estado español, que vuelve a la palestra una y otra vez ya que, a pesar de los más de 40 años pasados desde la promulgación de la Constitución y los primeros estatutos de autonomía, sigue siendo tarea pendiente, tal y como evidencia el constante incumplimiento de las competencias recogidas en las leyes orgánicas que rigen comunidades como Euskadi o Catalunya.

Ahora, de cara al final del verano y al nuevo curso político, el presidente español tiene como reto pendiente profundizar en la descentralización y dar respuesta a las demandas de transferencias vascas y catalanas.

Durante el último año y medio, la irrupción del covid-19 ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia de los ejecutivos autonómicos y de sus competencias, ya que han sido estas instituciones las que han tenido que afrontar el grueso de las decisiones y de las políticas relativas a la pandemia.

Pese al esfuerzo de los ejecutivos de las comunidades y a su relevancia en las políticas más cercanas a los ciudadanos, tanto el Gobierno vasco como la Generalitat siguen denunciando que Madrid no escucha a las autonomías a la hora de tomar las decisiones trascendentales o de elaborar sus estrategias marco y, a la par, reivindican las transferencias pendientes y un mayor autogobierno que les dote de las herramientas necesarias para las situaciones de crisis.

En el caso del Govern, la semana pasada –de cara a la reunión de hoy lunes de la comisión bilateral con el Estado para abordar cuestiones técnicas– hizo recuento de los incumplimientos y cifró en 56 las transferencias pendientes. Así lo expresó la portavoz autonómica Patrícia Plaja, que denunció también "la larga lista de incumplimientos históricos del Estado" con Catalunya.

La Generalitat quiere que la reunión de hoy sirva de pistoletazo de salida para intentar empezar a abordar los sucesivos "incumplimientos" y "hablar de traspasos, de conflictos institucionales entre gobiernos", y de cuestiones más concretas como la transferencia de becas, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de diversas infraestructuras portuarias y de transportes. "Hay tanto trabajo por hacer, tantos agravios acumulados, que obviamente no será posible resolverlo todo en esta reunión", afirman desde el Ejecutivo de Pere Aragonès.

En el caso de Euskadi las deudas del Estado son evidentes, mayormente relativas a un calendario de traspasos que ha sufrido una seria demora desde la pandemia del covid-19. Aunque en octubre llegará a la CAV la competencia de Prisiones, quedan todavía pendientes varios bloques de transferencias entre las que destaca la del régimen económico de la Seguridad Social. Ante los retrasos por parte de Madrid, el Gobierno vasco se impacienta y, entre otras cuestiones, pone el foco en el Ingreso Mínimo Vital, cuya llegada acumula ya casi un año de retraso y está marcada por las sucesivas trabas interpuestas desde el Ministerio de José Luis Escrivá.

La pasada semana, el Ejecutivo español realizó un gesto hacia la CAV con la convocatoria de la Comisión Mixta del Concierto Económico en la que se acordó la llegada a Euskadi de 220 millones de euros en concepto de cobro de nuevos impuestos. Sin embargo, no se vislumbran por el momento nuevos avances en el calendario de transferencias, una de las prioridades del Gobierno vasco en esta legislatura, en la cual –salvo nuevas demoras– debería completarse por fin el Estatuto de Gernika de 1979.

Impulsos centralistas

La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa en 2018 y, año y medio más tarde, la conformación del Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos auguraban un impulso para completar las transferencias del Estatuto de Gernika, atendiendo a los discursos en clave federalista del propio presidente español y de algunos de los miembros de su gabinete. Sin embargo, los proyectos descentralizadores del líder socialista han llegado con cuentagotas e incluso algunas iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados han vuelto a conllevar impulsos centralistas, tal y como denunció el pasado fin de semana el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

Así las cosas, los pactos del Gobierno español tanto con Euskadi como con Catalunya avanzan lentamente, con un Pedro Sánchez más centrado en anuncios de brocha gorda y en su pugna con el PP que en sus compromisos firmados de cogobernanza y colaboración con los gabinetes autonómicos.

En esa línea, el relevo de Miquel Iceta al frente del Ministerio de Política Territorial y su sustitución por la manchega Isabel Rodríguez se interpreta como un abandono de la línea federalista y de cogobernanza por parte de un Pedro Sánchez más centrado en engrasar la maquinaria electoral de cara a las elecciones generales de dentro de dos años que en dar cumplimiento a los numerosos compromisos firmados con las comunidades autónomas.

moncloa

antepone la multilateralidad

Conferencia de Presidentes. Otra de las cuestiones que denuncian tanto Euskadi como Catalunya es el intento de homogeneización de las comunidades autónomas que trata de llevar a cabo el Gobierno español, intentando homologar a todos los territorios. En esa línea, desde Moncloa anteponen la multilateralidad impulsando foros como la Conferencia de Presidentes autonómicos del pasado viernes en Salamanca, y tratan de obviar las relaciones bilaterales en cuestiones vascas o catalanas. Así, ante el café para todos que intenta poner en práctica el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de tratar con los territorios, el Gobierno vasco y la Generalitat reivindican la bilateralidad para sentarse a la mesa con el Estado español, en lugar de ser incluidas en el conjunto de autonomías de régimen común, las cuales tienen competencias e intereses distintos a los vascos y catalanes.