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El Gobierno español aprobará, en su reunión del Consejo de Ministros del próximo martes, el real decreto que traspone la directiva europea para el cálculo de tarifas y bonificaciones por el uso de las infraestructuras viarias que, en ningún caso, implicará implementar nuevos peajes en la red de carreteras del Estado.
Según fuentes ministeriales, el Ejecutivo español descarta cualquier posibilidad de tomar medidas encaminadas a ampliar o modificar el pago por uso en las autopistas, autovías o carreteras convencionales.
Por tanto, el real decreto no altera la política de acabar con las prórrogas de los peajes al fin de su concesión, y de descuentos que el Gobierno español aplica desde 2018 y que suponen un ahorro anual para los ciudadanos de 1.400 millones de euros.
Cambios en la directiva
La directiva introduce cambios en el método de cálculo de los peajes así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los externos por emisiones de dióxido de carbono o CO₂.
En las concesiones de autopistas de peaje existentes no hay que hacer nada, ya que para estas no son de aplicación los criterios ambientales. En el caso de hipotéticas nuevas concesiones, en la licitación del contrato sí que se deberán establecer estos criterios.
Por su parte, las autopistas de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), que son las únicas que deben acomodar su situación a esta directiva comunitaria, ya están trabajando para ajustarse a la normativa.
En concreto, el texto europeo establece la obligación de eliminar, de forma paulatina y con excepciones, el sistema de viñeta para los vehículos pesados. La fecha tope es 2030 y no se contempla su eliminación para vehículos ligeros.
El impacto de la regulación de las viñetas en España, sin embargo, es nulo, porque no está implantado este gravamen en las carreteras del país.
En cuanto a los descuentos
En relación con los descuentos, el Gobierno español seguirá trabajando en la política de bonificaciones del Estado, manteniendo tanto aquellas para vehículos pesados como las que ya había para los ligeros, que se basan en la habitualidad, y empleando los mismos criterios usados hasta ahora en las nuevas que se puedan aplicar a partir de la aprobación del real decreto.
Desde 2018, cuatro de cada diez kilómetros de autopistas del Estado han pasado a ser gratuitas, habiéndose liberado 1.029 de los 2.530 kilómetros existentes.
Además, se están aplicando bonificaciones a vehículos ligeros y pesados en determinados tramos de autopistas, como en la AP-9, AP-66 y AP-68, para mejorar su funcionalidad y compensar a los usuarios recurrentes.
A tenor de los datos que maneja la Administración, en ese mismo horizonte temporal, los usuarios de la AP-9 se han ahorrado más de 330 millones de euros; los de la AP-66, 46,8 millones, y los de la AP-68, 92 millones.