El Gobierno central aprobó ayer martes el Plan Camino, una iniciativa dotada con 204 millones de euros hasta 2026 para ayudar a víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres que ejercen la prostitución a cambiar de vida con programas de acceso a vivienda, salud y empleo y papeles para regularizar su situación.
“Si no, no vamos a acabar con la prostitución como institución en nuestro país”, declaró la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante la presentación del plan.
“Abolición significa papeles, empleo, casa, apoyo psicológico y atención integral”, declaró Montero, además de que “todas las mujeres” en estos contextos “tengan acceso a todos sus derechos sin necesidad de poner una denuncia”. “Nuestra obligación como Estado es garantizar todos esos derechos para que sean capaces de desarrollar su proyecto de vida”, explicó.
Montero indicó que este es el objetivo del nuevo plan; señaló que se intenta abrir “un camino seguro” o “una puerta de entrada segura a las instituciones” de estas víctimas.
Es por eso que, la mayor parte del presupuesto que irá destinado a este Plan, según indicó la ministra, es para la atención integral especializada de las víctimas de trata, explotación sexual y de la prostitución.
La titular de Igualdad, que denunció que “ninguna mujer merece tener las dificultades” que tienen estas mujeres para acceder a una vivienda o un empleo, recordó que se trata de una cuestión “de derechos humanos”.
POLÍTICAS DE EXTRANJERÍA
Del mismo modo, Montero destacó la importancia de la política de extranjería en esta materia, que consideró “un paso imprescindible” para el reconocimiento de derechos. “No solo no vamos a abolir la prostitución, sino que no vamos a afrontar la garantía de derechos de las mujeres en contextos de prostitución si no hablamos de política de extranjería”, aclaró.
En este sentido, defendió “políticas valientes” en esta materia y destacó el acuerdo al que han llegado con los ministerios de Inclusión e Interior y que deberá incluirse en la ley contra la trata que prepara el Gobierno.
El objetivo es que las mujeres víctimas de estos contextos en situación administrativa irregular puedan acceder a la regularidad documental para que se las reconozca y para que “el hecho de no tener papeles no sea una barrera para el acceso a sus derechos, a una vivienda, al empleo o a un plan de inserción”.
Macroencuesta
El primer eje del plan es mejorar la información sobre la magnitud de la trata, la explotación sexual y la prostitución, para lo que se realizará un macroestudio en 2023. Según explicó Montero, se necesitan datos cuantitativos de estos contextos para poder diseñar políticas públicas de forma efectiva y trabajar en ello.
Asimismo, la iniciativa pone el foco en desincentivar la demanda de prostitución. La ministra defendió la necesidad de trabajar en campañas de sensibilización y en los centros educativos, así como en los principales contextos de socialización de los jóvenes, para lograr este objetivo.
Miles de víctimas
Según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, entre 2017-2021 se identificaron 873 víctimas de trata sexual y 2.227 de explotación sexual, un mínimo porcentaje de las personas en situación o “entornos” de riesgo identificadas durante ese periodo (36.402).
Igualdad subrayó que el 90% de las mujeres que atienden las ONG son migrantes en situación irregular, con lo que la regularización es la primera vía de salida de su situación. El plan propone un acuerdo de regularización de las mujeres que participen en el I Plan de Inserción sociolaboral por razones de interés púbico.
“Hay que tomar decisiones valientes en materia de extranjería”, subrayó Montero.