La primera intervención de un miembro del Gobierno español en el Congreso desde que estalló el escándalo del espionaje no ha servido para arrojar luz sobre lo sucedido, ni para arañar nuevas medidas. El director de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, ha acudido este lunes a la comisión para presentar la estrategia de seguridad estatal y el informe anual de 2021, pero se encontró, como cabía esperar, con una batería de preguntas sobre esta polémica. Se le preguntó si el espionaje lo realizó el Centro Nacional de Inteligencia con orden judicial, si en el traspaso de carteras del PP al PSOE heredaron las escuchas, o a cuántos ascienden en realidad los afectados, porque se habla de más de 60, pero algunas informaciones apuntan al doble.
López se defendió de las críticas asegurando que el Gobierno español "no se ha escondido, ha tomado la iniciativa y ha dado la cara", y que se puede opinar si es suficiente o no la propuesta de activar la comisión parlamentaria de gastos reservados y el control interno en el CNI, pero no se puede negar, a su juicio, que el Gobierno ha actuado. "No hay nada que ocultar", dijo. El grupo socialista decidió en su primera intervención que no iba a citar siquiera esta polémica porque no era el motivo de la comparecencia, pero después tuvo que entrar ante las críticas de los grupos.
López mostró su "empatía" con los representantes que están preocupados, pero pidió que "no se den más pasos" que las propias informaciones periodísticas que han destapado el caso, porque aún no se conocen los responsables. "Reitero que España es una democracia plena", sostuvo, para añadir que el Gobierno español no tiene nada que ocultar y ha ido a Barcelona a reunirse con el Govern. "Lo ha hecho para tomar una serie de acciones, las acciones de un demócrata que no tiene nada que ocultar. Constituyan la comisión parlamentaria de gastos reservados", presionó a los grupos. "Nada que temer", resumió. Los soberanistas catalanes le pidieron una comisión de investigación.
APOYO DE PP, C'S Y VOX
El socialista recabó el apoyo de la derecha española, que justificó el espionaje. El PP dijo por boca de Juan Antonio Callejas que apoyarán una investigación "dentro de la ley" a los que pretendan romper el Estado, y se escudó en que los soberanistas catalanes dijeron que lo volverían a hacer. Avisó de que no aceptará que ERC y EH Bildu entren en la comisión de gastos reservados. Desde C's, Miguel Gutiérrez justificó de manera más explícita lo sucedido: "El Estado tiene mecanismos. Si no, no digan ustedes lo volveremos a hacer". Pidió a Moncloa que "no se humille" como a su juicio hizo buscando el deshielo con el Govern. Vox dijo que la Generalitat es el gobierno más corrupto.
EL METEORITO DE JON IÑARRITU
Desde ERC, Montserrat Bassa preguntó quién ha espiado, y lanzó otra batería de interrogantes para obtener detalles, al igual que Míriam Nogueras, de Junts, si bien en este caso hubo una pugna entre los soberanistas catalanes. Nogueras pidió que "se acabe el apoyo" al Gobierno español, en alusión al acuerdo que tiene ERC con Sánchez. López utilizó ese enganche para desviar el tiro y considerar que Junts estaba más preocupada por romper la mesa de diálogo que por el espionaje. Pero Nogueras contraatacó recordando que han vulnerado sus derechos, y los de su familia y sus amigos con esas escuchas. Desde la CUP, Mireia Vehí se preguntó cómo puede ser que se justifique el espionaje si los afectados no son terroristas, crimen organizado ni servicios extranjeros.
Desde EH Bildu, Jon Iñarritu recriminó al Gobierno español que tenga un problema y "no esté a la altura". "Ha escurrido el bulto", dijo, para pedir decisiones, ceses y cambios para garantizar que no vuelva a ocurrir. Avisó de que Moncloa tiene un meteorito que se le viene encima y no lo admite, como en la película Don't look up.
Unidas Podemos también secunda la petición de responsabilidades y la comisión de investigación. Ya por la mañana, la ministra Belarra adelantó que, a su juicio, este caso se tiene que saldar con una depuración de responsabilidades.