El Gobierno de Pedro Sánchez entró ayer martes al choque con el Ejecutivo madrileño al aprobar en el Consejo la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad por considerar que recorta el derecho a la eutanasia de las personas con discapacidad tuteladas por la Comunidad de Madrid. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, indicó que existen vulneraciones constitucionales de carácter procesal, de invasión en el ámbito regulatorio del Estado y de ruptura de la reserva de Ley orgánica. Añadió que se pidió informe al Consejo de Estado que concluyó que existen fundamentos jurídicos para proceder a la impugnación de esta ley del gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “Entendemos que no solamente está afectando a una ley en vigor, como es la ley de eutanasia, sino que en ese concepto amplio de cualquier actuación que afecte a los derechos de la vida cabe una interpretación extensiva que podría incidir en otros derechos como intervenciones quirúrgica o transfusión de sangre”, valoró.
Con la norma madrileña, que entró en vigor el pasado febrero, el Ejecutivo autonómico obliga a las personas con discapacidad a tener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir, aunque hayan suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas. El Gobierno de Sánchez considera que imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al propio Estado.
A su vez, el PSOE madrileño interpuso una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid contra Ayuso, su vicepresidente Enrique Ossorio y el consejero de Presidencia, Enrique López, por vulnerar la “neutralidad de los poderes públicos” en las ruedas de prensa tras el Consejo de Gobierno y el uso de las redes sociales institucionales. “Tienen un claro elemento electoralista y de confrontación con el Gobierno de España en relación con su política legislativa”, sostienen.