El Gobierno estima que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, gracias a las medidas de política económica adoptadas durante la pandemia.
Además, indica que el impulso a la digitalización y las reformas estructurales en el mercado de trabajo van a permitir reducir el paro estructural en 510.000 personas desde 2019.
Así figura en el Plan Presupuestario 2023 remitido este sábado a la Comisión Europea que, por primera vez, contempla dos posibles escenarios de ingresos y gastos debido al "contexto de elevada incertidumbre" como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
El Ejecutivo explica que las medidas de política económica adoptadas, primero con la respuesta a la pandemia y desde el pasado año con las reformas e inversiones del Plan de Recuperación y las medidas de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania, han conseguido impulsar un cambio estructural en el mercado de trabajo.
En este sentido, destaca el incremento de los empleados con contratos indefinidos, la reducción del porcentaje de temporalidad entre los afiliados a la Seguridad Social, que ha caído por debajo del 20% por primera vez en la historia, y la reducción del desempleo juvenil.
En concreto, estima que desde 2019 se ha producido un afloramiento de empleo procedente de la economía sumergida de 285.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 250.000 serían asalariados y 35.000 autónomos, lo que tendría un impacto positivo en términos fiscales por el aumento de ingresos netos.
Este afloramiento se debe en gran medida, según explica el Ejecutivo, a las medidas adoptadas durante la pandemia, especialmente los ERTEs y las prestaciones por cese de actividad a los autónomos, "que no solo habrían promovido una mayor flexiseguridad en el mercado laboral, sino que habrían favorecido el afloramiento de trabajadores que se encontraban en la economía sumergida".
Asimismo, la ejecución del Plan de Recuperación, con las reformas orientadas a impulsar la digitalización y especialmente las reformas del mercado de trabajo están permitiendo la reducción del desempleo estructural en 510.000 personas desde 2019.
"La combinación de ambos elementos está permitiendo mejorar las finanzas públicas, a través del aumento de las cotizaciones sociales por el afloramiento del empleo sumergido y el aumento de ingresos netos estructurales por la reducción del desempleo estructural", subraya el documento enviado a Bruselas.
La suma de estas contribuciones permite reducir el déficit estructural 7 décimas del PIB, según los cálculos del Ejecutivo.
MEDIDAS PARA REDUCIR LA INFLACIÓN
Por otra parte, el Gobierno indica que en 2022 el despliegue de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación y su efecto en la solidez de las finanzas públicas están permitiendo dar "una respuesta eficaz y justa" al impacto de la guerra de Rusia en Ucrania "y seguir el proceso de reducción del déficit y la deuda".
Así, en 2022 la deuda continuará la senda descendiente que se inició el pasado, prolongándose esta tendencia en 2023, lo que permitirá reducir la ratio deuda PIB en 2023 un total de 8 puntos de PIB respecto a su valor en 2020.
Por su parte el déficit de las Administraciones Públicas se situará en 2022 en el 5% del PIB, cerca de 2 puntos inferior al de 2021, y en 2023, se mantendrá la senda descendente y se prevé que se reduzca hasta 3.9% del PIB.
El Gobierno recuerda que ha hecho frente al incremento de la inflación con la implementación de tres paquetes de medidas, al que se unirán ahora las asociadas al Plan Más Seguridad Energética (+SE), con una movilización total de alrededor de 35.000 millones de euros.
En 2023 anticipa que la política fiscal será prácticamente neutral, aunque en conjunto seguirá proporcionando un impulso de inversión y transformación a la economía española gracias al Plan de Recuperación, particularmente indicado para una coyuntura difícil en la zona euro y el resto de la economía global.
"La extrema prudencia del presupuesto para 2023 y la evolución de los ingresos públicos permitirán que el Gobierno pueda seguir adaptando las medidas de respuesta a la guerra a la evolución de los precios de la energía, la inflación y el entorno internacional, manteniendo el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública", concluye el Ministerio de Asuntos Económicos.