El Gobierno español ha puesto en marcha el sistema para que las comunidades autónomas puedan empezar a repartir las tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos, que podrán canjearlas en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.
Se estima que unas 70.000 familias con hijos a cargo van a recibir estas tarjetas con las que podrán hacer compras mensuales de alimentos y productos de primera necesidad a través de un nuevo sistema de aplicación del Fondo Social Europeo Plus, que sustituye a la tradicional entrega directa y que gestionarán los gobiernos autonómicos en el ejercicio de sus competencias.
Para facilitar el arranque del nuevo sistema, el Ministerio de Derechos Sociales ha habilitado las tarjetas monedero a través de una colaboración con Cruz Roja, que ya ha cerrado acuerdos con siete cadenas de supermercados para canjearlas tras hacer una licitación pública.
Potenciales beneficiarios
Las comunidades tienen la responsabilidad de identificar, valorar y derivar a las personas potenciales beneficiarias de este sistema, para poderles hacer llegar las tarjetas. Su cuantía se fija en función del número de miembros, con una dotación económica de entre 130 y 220 euros mensuales.
Las personas beneficiarias podrán adquirir alimentos frescos y alimentación infantil, así como a productos básicos de higiene (incluidos los de higiene femenina), algo que supone una notable mejora respecto al tipo de productos al que optan a través del reparto tradicional de alimentos, destaca el departamento de Pablo Bustinduy.
Recuerda que el sistema de tarjetas monedero va a complementar y reforzar los recursos que ya existen, como los ofrecidos por los Servicios Sociales de las comunidades autónomas o los Bancos de Alimentos, que continuarán recibiendo el resto de fondos públicos destinados a estos objetivos.
Las tarjetas monedero podrán usarse en Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo, Spar Gran Canaria, Más y Más, Alimerka y Dinosol, supermercados que cumplen los requisitos fijados por el Real Decreto y por el Programa Básico, como disponer de un sistema que excluye su uso en productos que no son de primera necesidad, como alimentos ultraprocesados o bebidas alcohólicas.
A partir del 1 de enero de 2025 serán las administraciones autónomas las que gestionen en solitario el nuevo modelo, que ha arrancado en 2024 de manera transitoria la Administración General del Estado.