El Gobierno español plantea la creación de una agencia estatal de control alimentario

El Gobierno, reunido con las organizaciones agrarias, se ha comprometido a crear una agencia estatal de información y control alimentario para incrementar la capacidad de inspección que lleva a cabo la actual Aica en el cumplimiento de la Ley de la cadena y, por otro lado, eliminará la obligatoriedad de implantar el cuaderno digital de campo.

Son dos de las 18 medidas que ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras reunirse este jueves con las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias (Asaja, COAG y UPA) en el contexto del conjunto de protestas que miles de agricultores están desarrollando por todo el país.

Los agricultores y ganaderos han reclamado, principalmente, unas políticas "verdes" más flexibles, acuerdos comerciales más justos o ayudas para hacer frente a contratiempos como la sequía.

El paquete de 18 medidas se divide en siete bloques referidos a la ley de la cadena, la simplificación de la burocracia, las cuestiones comerciales, los seguros agrarios, el gasóleo comercial, la ganadería extensiva y el relevo generacional.

En la rueda de prensa posterior, Planas ha señalado que con estas medidas se da respuesta a las principales reclamaciones del sector, como un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, la simplificación de la burocracia y el control a los productos alimentarios que se importan desde fuera de la Unión Europea (UE) sin cumplir los mismos requisitos en el uso de fitosanitarios.

En lo que respecta a las manifestaciones de los agricultores y ganaderos que hoy cumplen 10 días, Planas ha explicado que durante la reunión -de unas dos horas de duración- no se ha hablado de ello y que respeta el derecho a la manifestación pacífica y al calendario de protestas que las organizaciones agrarias tienen previsto mantener.

Sí ha criticado el ministro que hay "sectores extremistas" que tratan de sacar un provecho político de las manifestaciones legítimas de los agricultores, con "intereses espúreos".

Ley de la cadena alimentaria

Con la creación de la agencia estatal de información y control alimentario el Gobierno pretende incrementar la capacidad de control y sanción que lleva a cabo la actual Aica.

Su constitución requiere de una norma con rango de ley, ha precisado Planas, por lo que el Gobierno analizará si presenta un proyecto de ley o aprovecha un trámite legal en curso para introducirlo.

También se incluye en este bloque la posibilidad de publicar las sanciones totales que puedan acumular los infractores.

Simplificaciones administrativas y de la PAC

En el apartado referido a la simplificación de la carga administrativa que soportan los agricultores y ganaderos, Planas ha destacado la eliminación de la obligatoriedad en la puesta en marcha del cuaderno digital en el marco de la Política Agraria Común (PAC), que ahora será voluntario.

No obstante, y dada la importancia que otorga el Gobierno a este instrumento, Planas ha indicado que se concederán incentivos -aún por determinar- para que los profesionales del sector lo adopten.

Asimismo, el ministro ha anunciado la flexibilización de la condicionalidad de la PAC, con la derogación de algunas obligaciones relativas a la rotación de cultivos en regadío; y la ampliación del catálogo actual de los eco-esquemas para tener en cuenta las zonas especialmente áridas.

Cuestiones comerciales

En cuanto al ámbito comercial, el ministro se ha comprometido a defender en todos los foros internacionales el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción de alimentos (cláusulas espejo), para que todos los productos que entren de fuera de la Unión Europea (UE) cumplan los mismos requisitos.

Ha avanzado, además, que, cuando sea necesario para sustancias que no estén autorizadas en la UE y la Comisión Europea no haya establecido un límite máximo de residuos, España de forma preventiva establecerá este límite en cero.

Y ha insistido en que, si bien la política comercial es común en la UE para todos los Estados miembros, España puede aplicar normas relativas a cuestiones como la seguridad o salud pública y es aprovechando esta posibilidad como pretende aplicar esta medida.

Gasóleo profesional y seguros agrarios

El Gobierno se ha comprometido con las organizaciones agrarias a mantener los incentivos en vigor relativos al gasóleo agrícola que, según Planas, suponen unos 400 millones de euros anuales en subvenciones.

Además, se mantendrá la vigencia durante 2024 de las deducciones del 35 % de la factura del gasóleo y de un 15 % de la de los plásticos y fertilizantes, en el IRPF, en el método de estimación objetiva.

Ha subrayado el apoyo que el Ejecutivo da a los seguros agrarios, con 284,5 millones de euros en 2024, más las aportaciones necesarias para su estabilidad, y con adaptaciones de las líneas para tener en cuenta las nuevas circunstancias climáticas.

Y ha reiterado la intención de organizar un foro de ganadería extensiva y articular soluciones de crédito bonificado y avalado para la incorporación de jóvenes al sector.