El Gobierno español propone elevar un 30% las bases máximas de cotización

La reforma de las pensiones, reclamada desde la Comisión Europea como uno de los requisitos para el desembolso de los fondos de recuperación postcovid, encara su recta final negociadora, ya que el propósito del Gobierno español es que esté lista a final de año. A medida que se aproxima la fecha, se van conociendo los contenidos a discutir y las propuestas de Escrivá. Después de que se informara de que el Ejecutivo de Sánchez quiere subir la base máxima y la pensión máxima de cotización un 30% -más la inflación- en un plazo de 30 años, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó que es “prematuro” concretar esos baremos “mientras negociamos”. Un reconocimiento ímplicito de que el proceso negociador transita en esa línea, aunque todavía queden muchos otros puntos de vista por consensuar.

Según informaron El Periódico y El País, el Gobierno quiere elevar un 30% la cotización de los salarios más altos a lo largo de las tres próximas décadas. Escrivá plantea también que la pensión máxima crezca en la misma proporción, aunque eso no se materializaría en los 30 años siguientes, sino cuando procedan a jubilarse esos trabajadores que más han cotizado. Actualmente existe un tope, denominado como base máxima de cotización, que está establecido en 4.139 euros brutos mensuales. Es decir, que la parte de sueldo que esté por encima de esa cifra no está sujeta a cotización. El Ejecutivo quiere actualizar esta tabla, dentro de una negociación más amplia con los agentes sociales en la que todavía está por cerrarse un acuerdo sobre los años de cómputo para calcular la cuantía de las prestaciones.

“Hablar de cifras cuando estamos buscando una convergencia sobre esos parámetros es claramente prematuro”,señaló ayer Escrivá, consciente de que no conviente perturbar el diálogo con sindicatos y patronal, pese a que el tiempo empiece a echarse encima. UGT y CC OO emitieron ayer un comunicado en el que indicaron que ven “con buenos ojos” la propuesta del Ejecutivo, aunque prefieren que el porcentaje del 30% sea más alto, al tiempo que recordaron que la oferta conocida ahora “ya la realizó el Ministerio el año pasado y refleja simplemente su posición, que deberá ser abordada en la Mesa de Diálogo Social junto con el resto de propuestas de cada parte”. La CEOE, que centra ahora su atención en sus elecciones internas del próximo miércoles, no se pronunció. 

COMPROMISO CON BRUSELAS

En el Plan de Recuperación remitido hace año y medio por el Gobierno a Bruselas se incluye la reforma de las pensiones, con el compromiso de elevar gradualmente la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, a lo largo de 30 años. Esta medida, según el Plan, afectará a todos los trabajadores y pensionistas del sistema. “La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema”, justificó el Ejecutivo. Escrivá confirmó ayer que la fórmula jurídica en la que se plasmará el acuerdo será la del decreto-ley.

Por otra parte, en el caso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que fija una sobrecotización del 0,6% y arrancará en 2023 tras sustituir al Factor de Sostenibilidad aprobado en 2013, Escrivá defendió que el porcentaje marcado es “extremadamente bajo” y “no cambia en ningún caso la situación de costes laborales de las empresas”. Así, según sus cálculos, esta sobrecotización incrementará el coste por hora trabajada que pagan las empresas por cada empleado desde los 20,9 euros a los 21 euros, mientras que la media europea está en entorno a los 26. El MEI estará vigente hasta 2032, aunque el Ejecutivo desea ampliarlo.