Cocinar en horno, vapor o plancha, en vez de freír y rebozar, y utilizar al menos un 45% de frutas y verduras de temporada y proximidad en los menús escolares son algunas de las medidas que el Gobierno quiere incluir en un real decreto para fomentar la alimentación saludable y sostenible en los colegios.
Así lo contempla el proyecto de Real Decreto de Comedores Escolares, que sale este jueves a audiencia pública, con lo que se abre un plazo de 15 días hábiles para que los interesados hagan sus comentarios y presenten propuestas de mejora, antes de la aprobación de esta norma, prevista para el segundo semestre de 2023.
La normativa, impulsada por el Ministerio de Consumo y consultada ya con los comunidades y los sectores afectados, se prevé implantar en los centros educativos públicos, concertados y privados de Infantil (2º ciclo), Primaria, ESO, Bachillerato, FP y Educación Especial.
El propósito del departamento que dirige Alberto Garzón es fomentar la dieta mediterránea, basada en alimentos frescos, de temporada y proximidad.
Además, pretende aumentar hasta un mínimo del 5% el uso de alimentos de producción ecológica y prioriza el uso de los producidos de forma respetuosa con el medio ambiente y el bienestar animal.
Contempla también la disponibilidad de menús especiales tanto por diagnóstico médico debido a alergias o intolerancias, como por razones culturales, éticas o religiosas.
Insta a reducir la sal, los concentrados, los potenciadores del sabor, las salsas y el azúcar en las preparaciones y aboga por aliñar con aceite de oliva virgen extra y cocinar y freír con el de oliva o girasol alto oleico.
La iniciativa de Consumo también recomienda la distribución de jarras de agua potable, del grifo, en las mesas de los comedores (salvo que no sea posible por motivos de suministro), así como introduce medidas para la reducción de residuos y el desperdicio alimentario.
La intención de Alberto Garzón con esta normativa es garantizar el acceso a una alimentación y nutrición de calidad, saludable y sostenible; elevar el nivel de protección de la salud de los escolares e introducir criterios nutricionales y de sostenibilidad para la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en los centros educativos.