Tan solo 24 horas después de que Pedro Sánchez abriera la puerta a reformar el delito de malversación en el Código Penal, tal y como reclama el president de la Generalitat Pere Aragonès, Moncloa ha enfriado las expectativas a este respecto. Subidos en plena ola de la reforma de la sedición, la espuma generada ya es suficiente a juicio de sus impulsores y añadir la malversación, que afecta a buena parte de los consellers condenados por el procés y al expresident Carles Puigdemont en caso de ser extraditado, podría suponer una amenaza seria de ahogamiento.
Ya no es solo que la oposición haya puesto el grito en el cielo; el socio minoritario en el Gobierno español, Unidas Podemos, expresa más que reticencias a modificar el delito de malversación. IU y los comunes sí son partidarios de hacerlo, lo que complica la partida. A ello se añade el rechazo de los barones del PSOE, que en esta cuestión se decantan claramente por el no. A favor se mostró ayer martes Ximo Puig; en contra, Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara y Óscar Puente.
La vía puesta sobre la mesa para posibilitar esta reforma añadida, la presentación por parte de ERC de una enmienda en el Congreso a la proposición de ley con la que el PSOE y Podemos quieren reformar el Código Penal, fue la excusa esgrimida ayer por la parte socialista del Gobierno de coalición para poner ahora tierra de por medio. Preguntada a este respecto, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aseguró que “el Gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles, no conocemos el texto de la enmienda si es que la va a haber”.
Rodríguez añadió que, con la proposición de ley registrada, Moncloa ya ha cumplido con su compromiso de reformar el delito de sedición, por lo que no se está valorando “ninguna otra iniciativa”, en referencia a una posible rebaja de penas para la malversación. Un discurso que chocó con las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que afirmó que las conversaciones con el PSOE continúan para modificar la malversación de forma “quirúrgica” con el fin de que vaya ligada al nuevo delito de sedición denominado “desórdenes públicos agravados”.
El objetivo sería, por tanto, retocar la malversación en lo que hace referencia al uso de dinero público para esas protestas, pero no a prácticas de corrupción. Rufián insistió en que hay que distinguir del delito que conlleva un enriquecimiento, ya que “no tiene sentido que sin haber enriquecimiento personal o una estructura de corrupción, a Junqueras se le juzgue por malversación”.
Debate interno
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, dijo que su grupo no tiene decidido si apoyará una reforma del delito de malversación, al subrayar que es un “tema delicado”, con muchas “aristas” y que requiere un debate interno entre todas las ramas de la coalición, ya que IU y los comunes sí están a favor. Fuentes moradas citadas por Europa Press alegan que hay que tener en consideración los efectos en otros casos más allá de los líderes del procés.
Aviso de la Fiscalía
Sobre el alambre. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, advirtió ayer, ante la posible reforma del delito de malversación, que el Código Penal es un “equilibrio en sí mismo” desde las penas a la composición y que forman parte de la “arquitectura del Estado”. A preguntas de los periodistas, añadió que “habrá que ver en qué términos se plantea esa reforma, si se plantea”. “Estamos jugando sobre el alambre, diciendo lo que puede ser y lo que no puede ser”, zanjó.