El Gobierno central se abre a estudiar cambios en el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Después de meses de controversias, el Ejecutivo parece estar dispuesto a modificar su postura tras comprobar que las posiciones entre ambas partes, lejos de la distensión, aparecían cada vez más enconadas. Ayer, desde Dubai, donde se encuentra con motivo de la COP28, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, subrayó que la fiscalidad se puede “modular” una vez, eso sí, que se constate si los beneficios extraordinarios se siguen produciendo. En unas declaraciones a la agencia Efe, la también vicepresidenta tercera del Gobierno asumió que la cooperación con la industria es “imprescindible” para la transición energética, una manera de aflojar la tirantez existente con el sector.
Ribera, no obstante, dejó claro que cualquier variación en los impuestos aplicados a las firmas energéticas se ceñiría a los beneficios extraordinarios. “Es importante determinar si siguen existiendo o no [las ganancias no ordinarias] que intentaban ser identificadas en esa figura” tributaria, subrayó la ministra. “La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, explicó Ribera.
En este sentido, en un guiño al sector, la titular del Ministerio remarcó que es necesario ser consciente de que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre hacer ese proceso, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”. “Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir” para evitar que “unos ganen mucho” y todos paguen más, resumió de forma gráfica. “Y cómo puede usted” -en referencia a las compañías- “asegurar que mantiene o acrecienta esa reinversión”.
De las palabras de Ribera se extrae también la conclusión de que el Gobierno ya está trabajando en las modificaciones pertinentes. “Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto”, añadió Ribera. Todo con la finalidad de que el cambio impositivo sea “justo” a la hora de “repartir beneficios y costes”. La ministra también destacó que es positivo que los cambios en materia tributaria se acometan “cuanto antes mejor”, puesto que las inversiones que se desarrollen en el presente en aspectos como la eficiencia energética, renovables o descarbonización “son costes en los que no se incurrirá en el futuro y son reducciones de importaciones en la balanza comercial”. Un sistema fiscal, indicó, debe ser esencialmente justo y “si hay un incremento importante de los beneficios de las ganancias eso requiere una reacción”.
El giro de Ribera llega casi un año después de que entrara en vigor el nuevo gravamen a las energéticas, que Pedro Sánchez anunció a mediados de 2022 en el debate sobre el estado de la nación. Un impuesto para cuya entrada presionó con dureza Podemos, el socio de coalición del PSOE. El objetivo del Ejecutivo era aplicar el impuesto a las compañías energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras) que presenten una facturación superior a los 1.000 millones de euros, con la previsión de recaudar un total de 4.000 millones de euros en los dos ejercicios (2023 y 2024) en que estará vigente. Desde el principio, el nuevo gravamen contó con la oposición de la industria, que lo visibilizó como un elemento desincentivador de nuevas inversiones. El pasado octubre, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió de que la compañía, “antes de tomar cualquier decisión de inversión en España”, iba a analizar si las condiciones eran “ suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos”. Unos días más tarde, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, informó de que la compañía, aunque mantenía sus intenciones inversoras, ponía en pausa dos proyectos en Bizkaia por la falta de un marco regulatorio “previsible”: su planta de producción de combustibles sintéticos y el electrolizador para la generación de hidrógeno. En una entrevista concedida a los diarios del Grupo Noticias, el consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, expresó la semana pasada su deseo de que Repsol y Petronor no pusieran en cuestión sus inversiones en Euskadi por ese motivo.