El Gobierno español tira de la figura del requerimiento y se guarda la opción de aplicar el 155 para intervenir en Castilla y León

El Gobierno de Pedro Sánchez no contempla tirar del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía en Castilla y León si se llevan adelante las medidas relativas al aborto propulsadas por el Ejecutivo de PP y Vox en esta comunidad. Al menos de momento la intención de Moncloa es no adelantar pantallas ni posibles escenarios. Así se pronunció ayer lunes la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien recordó que la titular de Sanidad, Carolina Darias, envió un escrito la semana pasada a la Junta para que explicaran el contenido del citado protocolo. Ante la falta de respuesta, desde Moncloa se emitió la noche del domingo un requerimiento, figura que no se usaba desde 2016, cuando el exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo se dirigió a siete comunidades autónomas por incumplir la normativa estatal en la reválida –la evaluación final de Primaria de la Lomce–, una situación que se resolvió seis meses después tras un acuerdo. Eso sí, el requerimiento oficial a una comunidad a través de un Ministerio es distinto a que lo mande el presidente del Gobierno, como ocurrió en 2017 con el requerimiento de Mariano Rajoy a la Generalitat como paso previo para aplicar el 155. Anteriormente, en 1989, el Ejecutivo de Felipe González acordó en el Consejo de Ministros enviar un requerimiento oficial a Canarias para la aplicación del desarme arancelario del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea.

En este contexto, Darias se comprometió a combatir con todos los medios legales a su alcance estas decisiones limitativas de la ley del aborto. “No se puede ir contra la evidencia clínica”, aseguró en la Ser, donde negó haber recibido ninguna carta con las medidas. “Lo único que recoge es que las han aprobado y que se pondrán en marcha”, precisó antes de subrayar que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a llegar hasta el final en defensa de los derechos de las mujeres, lo que incluye llevar el asunto a la Justicia. “No vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres. ¿Dónde está Feijóo?”, se preguntó sobre el líder del PP. Misma cuestión que planteó Alegría. “Debe explicar a todos y especialmente a las mujeres qué opina de los recortes a sus derechos que su gobierno, en colaboración con Vox, quiere llevar adelante”, inquirió la dirigente socialista. De hecho, cree que no estamos debatiendo sobre algo “improvisado” sino que la derecha pretende seguir la senda de Hungría y Polonia, y la que deseaban seguir los ultraderechistas en Estados Unidos. “El PP es una jaula de grillos”, zanjó Alegría respecto a su respuesta a esta controversia.

Acoso

Así, el PSOE llevará a los tribunales a la Junta de Castilla y León si el nuevo protocolo para embarazadas contraviene el Código Penal recientemente modificado para castigar el acoso a las mujeres que deciden abortar. Según la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, la Junta de Castilla y León lo que pretende es “institucionalizar el acoso” a las mujeres que deciden abortar y que antes eran hostigadas a las puertas de las clínicas por grupos antiabortistas que ofrecían, entre otras cosas, “escuchar el latido fetal en furgonetas”, de manera “clandestina”.

Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, lamentó que Vox “condicione la agenda pública. La partitura la toca el PP, que es quien tiene la consejería, pero la escribe Vox”.