El Consejo de Ministros aprobará este martes una declaración de utilidad pública e iniciará la expropiación de los terrenos donde se ubica el hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería), un trámite que conducirá al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural del Cabo de Gata.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho este anuncio durante una visita al entorno donde se ubica el hotel, y ha fijado el inicio de la demolición en un plazo de cinco meses "si no hay ninguna otra incidencia o interferencia".
El objetivo del Gobierno es poner fin a un "atentado medioambiental" que daña la costa y lleva enquistado más de 20 años, según Montero, que ha hecho un llamamiento a la Junta de Andalucía para colaborar en este proceso para recuperar un espacio natural.
"El Consejo de Ministros de mañana va a aprobar un acuerdo por el que se declara la utilidad pública de las parcelas en las que actualmente se ubica este hotel ilegal. El acuerdo del Consejo de Ministros tiene como objetivo proceder a la expropiación de los terrenos que se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre y sobre los que se levantó este edificio", ha explicado.
Según Montero, este es el paso previo administrativo para iniciar los trabajos de demolición de este hotel ilegal y la inmediata restauración ambiental de este paraje.
Ha recordado que una parte del hotel se ubica en la zona de dominio público marítimo terrestre sobre el que la Administración central tiene competencia, si bien ha recordado que otra parte del edificio "se adentra más allá de este límite" y que se encuentra en suelo de competencia autonómica.
"Desde aquí instamos a la Junta de Andalucía a seguir los mismos pasos que el Gobierno español, iniciando la expropiación de los terrenos que se encuentren en su área de influencia. Una vez que ambas administraciones hayamos expropiado los terrenos sobre los que tenemos competencia, podremos llevar a cabo la demolición de este edificio que será financiada por el Gobierno de España", ha añadido
Es el momento de dar un "impulso definitivo" al derribo
Para ello, la ministra ha indicado que se convocará la comisión de seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, que se creó en 2011 y en la que participan Gobierno y Junta, porque el Ejecutivo cree que ha llegado el momento de dar un "impulso definitivo" al derribo.
"No obstante, sí quiero dejar claro que si no hubiera colaboración por la Junta de Andalucía, igualmente el Gobierno de España buscará alternativas para que el hotel ilegal sea demolido. Llevamos 20 años de litigios, de recursos, de burocracia que han constatado la dificultad de llevar a cabo este proyecto, pero estamos convencidos de que si hay voluntad política, y les aseguro de que la hay, nadie ni nada va a poder evitar que se derribe el edificio que tengo a mi espalda", ha incidido.
Al ser interpelada por las cuestiones judiciales aún pendientes, ha afirmado que han sido todos esos "vericuetos legales, administrativos, los que han hecho que en 20 años" no se haya tenido la capacidad de derribar este "hotel ilegal".
Ha sostenido que desde el Ayuntamiento de Carboneras aún no se ha actuado o tomado decisión alguna. "Se declaró nula esa licencia y por tanto esto hubiera implicado el que se hubiera revocado la licencia, pero llevamos esperando todo este tiempo y parece que las administraciones no se deciden definitivamente a proceder con lo que corresponde, probablemente por el riesgo, por el miedo que tienen a cualquier litigio que pueda presentar la empresa titular del hotel", ha dicho.
"Desde luego el Gobierno no le va a tener miedo a esto. De hecho nosotros consideramos que es fundamental que se proceda ya más allá de cualquier otra resolución administrativa a la demolición del hotel", ha recalcado.
"No somos ingenuos, sabemos que se pueden producir movimientos por parte de la empresa pero que tendrán que ser los tribunales los que evidentemente puedan decir algo respecto a la iniciativa que el Gobierno adopta", ha añadido antes de insistir en que "salvo resolución judicial" en el plazo de cinco meses podrán proceder a la demolición de este "monumento a la degradación medioambiental".