El Gobierno foral plantea financiar los servicios sociales y Maya amenaza con los tribunales

El Gobierno de Navarra financiará el nuevo Centro de Servicios Sociales de Pamplona cuando “la institución competente, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona”, acuerde su puesta en funcionamiento. Entretanto, el Departamento de Derechos Sociales costeará dos de los equipos profesionales multidisciplinares que en la actualidad prestan servicio en la capital navarra.

Es la inmediata respuesta del Ejecutivo tras conocer que el alcalde Maya ha cumplido su amenaza y ha enviado un requerimiento al Gobierno de Navarra, previo a la vía judicial, para que formalice el convenio de financiación del Centro de Servicios Sociales municipal.

El requerimiento supone un paso más en la estrategia de confrontación emprendida por Navarra Suma, con el alcalde de Pamplona a la cabeza, contra el nuevo sistema de financiación local aprobado por el Gobierno de Navarra con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el suyo.

Con el argumento de que el Ayuntamiento pamplonés sale perdiendo con el nuevo reparto y que no tiene dinero suficiente para cubrir los servicios sociales que presta, la Junta de Gobierno Local ha acordado este lunes requerir que se formalice el citado convenio de financiación del nuevo Centro de Servicios Sociales.

Lo recoge el Consistorio en una nota, en la que advierte de que la Ley foral de Servicios Sociales de Navarra marca que la financiación corresponde a la Administración foral, a través de un convenio de colaboración con la entidad local y, si bien el Departamento de Derechos Sociales ha expresado su intención de crear y financiar este convenio, este aún no se ha formalizado.

"Retrasos injustificados del Ayuntamiento"

El Gobierno foral lamenta en un comunicado “los retrasos injustificados del Ayuntamiento en el proceso de creación del centro”.

La Ley Foral de Servicios Sociales fue aprobada en 2006 sin que hasta el momento el Ayuntamiento de Pamplona haya planteado la creación de este centro, destaca el Departamento.

Con el propósito de financiar una previsible puesta en marcha, ha informado el Gobierno de Navarra, Derechos Sociales cuenta este 2023, por primera vez, con una partida presupuestaria para su financiación en el proyecto de los Presupuestos Generales de Navarra.

“Pese a que Pamplona no ha creado todavía el centro”, el Departamento “en un gesto de buena voluntad, ha ofrecido al Ayuntamiento financiar los equipos técnicos que prestan servicio, a pesar de no cumplir todas las exigencias mínimas establecidas”. Derechos Sociales recuerda que “el Gobierno financiará únicamente aquellos equipos homologables al resto de centros de servicios sociales”.

Derechos Sociales también señala que “en ningún caso la Carta de Capitalidad iba ligada a la financiación del centro de servicios sociales”.

La financiación al alza con las presidentas Barkos y Chivite

También pone de relieve que desde el año 2014, como se recoge en el gráfico que ilustra esta información, que la financiación del Gobierno de Navarra desde 2014, coincidiendo con las presidencias de Uxue Barkos y María Chivite, a los servicios sociales de Pamplona ha crecido un 92%, pasado de los 4,2 millones a 8,1 en el cierre de 2022.

El Ayuntamiento ofrece en la actualidad tres programas especializados: el Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL), el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) y el Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM).

Estos programas atienden los casos derivados por los servicios sociales de base, que en el caso de Pamplona son las unidades de barrio.

El equipo de EISOL ofrece a personas con dificultades de inserción laboral oportunidades de empleo e itinerarios formativos a través de seis profesionales, con un gasto el año pasado de 300.193,46 euros.

El programa EAIA de Atención a la Infancia y Adolescencia se ocupa de menores de edad en situaciones de dificultad, con nueve profesionales y un coste de 441.113,40 euros en 2022. Por último, el Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) presta apoyo a mujeres, sobre todo víctimas de violencia de género, con cuatro profesionales y un coste de 195.490,26 euros el año pasado.