La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, ha anunciado que el Gobierno francés va a proponer ampliar los criterios que facilitarían la jubilación anticipada para apaciguar las protestas multitudinarias contra su decisión de subir la edad mínima de jubilación a los 64 años para 2030.
En una entrevista con el 'Journal du Dimanche', Borne -- que en su momento declaró su decisión inicial como "innegociable" -- plantea ahora que quien haya comenzado a cotizar entre los 20 y 21 años pueda jubilarse a los 63 años, un año antes de la edad mínima.
Debate en el Parlamento
El Gobierno iniciará este próximo lunes el debate sobre su propuesta, un día antes de las nuevas protestas y parones declarados por los sindicatos franceses.
"Lo que buscamos son acuerdos. Quiero encontrar una mayoría. Para eso llevamos trabajando desde hace meses", ha declarado Borne al dominical.
La legitimidad política es esencial para un Gobierno capacitado para aprobar esta reforma sin necesidad de aprobación parlamentaria. Sin embargo, un "decretazo" no haría sino inflamar más los ánimos de la población, como ya planteó la semana pasada el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire.
Evitar un "decretazo"
El artículo 49.3 de la Constitución francesa, utilizado en hasta siete ocasiones por el Ejecutivo para dar 'luz verde', entre otras, a la ley de financiación de la Seguridad Social, permite aprobar sin una votación un proyecto de ley.
Estimaciones del Gobierno apuntan que este nuevo planteamiento afectaría a unas 30.000 personas al año, a un coste que oscilaría entre los 600 y 1.000 millones de euros.
Borne, en este sentido, ha pedido a la Asemblea Nacional que comience a negociar con el Gobierno formas de financiar esta nueva medida con vistas al objetivo final de la reforma: la eliminación del déficit del sistema de pensiones para 2030.