El Gobierno impulsa una reforma legislativa para poder renovar el Tribunal Constitucional

La reforma legal impulsada en solitario por el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional ante el "bloqueo" del PP, ha sido ya rechazada por el partido de Alberto Núñez Feijóo, que acusa a Pedro Sánchez de haber roto los "puentes" y ha provocado la queja de Podemos, que le reprocha que actúe "unilateralmente".

El grupo socialista ha presentado en el Congreso una proposición de ley para permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque se encuentre caducado y en funciones, nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional(TC) y desbloquear así la renovación de este órgano.

El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el CGPJ y otros dos por el Gobierno.

La interinidad del órgano de gobierno de los jueces le impide ahora mismo hacer nombramientos, precisamente por una ley aprobada también por el Gobierno socialista, lo que obliga ahora al Ejecutivo a impulsar esta contrarreforma.

Pedro Sánchez ha defendido la iniciativa para renovar el Tribunal Constitucional ante la "rebeldía constitucional" del PP que bloquea la renovación de ambas instituciones.

"La voluntad del Gobierno es clara"

A su juicio, en un momento "tan grave como el que vivimos" se hace imprescindible renovar la legitimidad de ambas instituciones para que dejen de ser un "rehén" del PP.

"La voluntad del Gobierno es clara, hay que pasar de las buenas palabras a los buenos hechos", ha remarcado el jefe del Ejecutivo, que ha vuelto a "tender la mano" al PP.

Le ha secundado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que considera que la reforma es "impecable" desde el punto de vista legal y se ha mostrado convencido de que habrá mayoría suficiente para aprobarla, pese a las reticencias de Podemos.

El ministro ha incidido en que el Gobierno podría haber nombrado a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a los dos que debe designar el CGPJ, pero ha subrayado que esa opción generaba debate jurídico dentro del Constitucional y entre los expertos.

Por eso, ha argumentado que se ha preferido esta fórmula que es "impecable desde el punto de vista legal, refuerza el prestigio del Tribunal Constitucional y no genera ningún debate".

Debate que sí se ha generado en Unidas Podemos, que ha alertado de que el PSOE no ha pactado con su grupo esa proposición de ley y que es una "decisión unilateral" de los socialistas.

La queja de Podemos llega después de que el propio Bolaños sostuviera que está modificación había sido "hablada" con Podemos y que nadie puede estar en contra de una reforma que pretende "agilizar la renovación del TC".

El PP acusa a Sánchez de intentar "controlar" el TC

Críticas que llegan también desde el PP. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de intentar "controlar" el Constitucional y de "romper cualquier tipo de puente" en la negociación para renovar el Poder Judicial.

El líder de la oposición ha criticado que el PSOE, que reformó el órgano de gobierno de los jueces para impedir que haga nombramientos cuando está en funciones, impulse ahora otra reforma para reponer al CGPJ "competencias que prácticamente le había hurtado" para "controlar el Tribunal Constitucional".

"El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el CGPJ, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo General del Poder Judicial", ha denunciado.

También desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha denunciado que esta reforma pone en evidencia que el Gobierno quiere controlar todas las instituciones mientras Ciudadanos ha acusado a Sánchez de buscar "garantizarse un Tribunal Constitucional afín" con una nueva "cacicada".

Desde las asociaciones judiciales, Jueces y Juezas para la Democracia dan la "bienvenida" a esta medida porque sirve para superar el "boicot" del PP a la renovación de las instituciones mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura arremete contra la actitud del Gobierno, que primero reforma una ley para impedir al CGPJ hacer nombramientos y ahora reforma esa misma ley para lo contrario.