La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes una enmienda a la reforma del Código Penal que elimina la sedición con la que trata de aclarar la aplicación de la ley del solo sí es sí para intentar limitar las rebajas de condenas a agresores sexuales.
Es una enmienda transaccional introducida a última hora en la exposición de motivos de la norma, donde se especifica que en las reformas penales, aunque no se establezca una régimen transitorio para las revisiones de condenas, sigue vigente la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995 que estableció que cuando la pena impuesta sea también posible con la reforma no tiene por qué revisarse.
Fuentes parlamentarias asumen que, al ser un párrafo en la exposición de motivos, no tiene fuerza de normativa, pero consideran que blinda la voluntad del legislador y debe servir de guía a los jueces cuando revisen las condenas.
La enmienda transaccional, que ha sido apoyada con los votos de la coalición de gobierno y la abstención del PNV, ERC y EH-Bildu, no menciona la ley de garantía integral de la libertad sexual ni el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales tras su entrada en vigor.
Sí lo hacía la enmienda sobre la que se ha pactado el cambio y que llevaba la firma del PdCAT. Planteaba una disposición adicional nueva a la proposición de ley de la sedición en la que instaba al Gobierno a analizar las consecuencias de la ley del solo sí es sí y, en su caso, a impulsar "las iniciativas convenientes para su eventual modificación".
Sin fuerza normativa
El cambio introducido en la exposición de motivos "no tiene fuerza normativa", ha recalcado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al ser preguntado al respecto en rueda de prensa en el Congreso.
Fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado que no se trata de una modificación de la ley del solo sí es sí; se ha introducido un párrafo que recuerda el derecho transitorio vigente en el Estado y la jurisprudencia en este sentido.
Se trata de un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, y en este caso, entre Igualdad y el Gobierno, según las fuentes.