El primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional libio (GNU), Abdelhamid Dabeiba, pidió hoy a la Unión Europea (UE) y a los países de la región cooperar con su administración para luchar contra la migración irregular después de firmar ayer jueves, un acuerdo con Túnez para evacuar centenares de migrantes subsaharianos expulsados hace un mes por este país y que se encontraban bloqueados desde entonces en la frontera.
"La Unión Europea y los países vecinos deben cooperar con nosotros y apoyar nuestros esfuerzos. Preservar la seguridad nacional libia es una línea roja que no permitiremos cruzar bajo ninguna circunstancia para preservar nuestro país y su mapa demográfico", afirmó Dabeiba en un comunicado, en el que insistió en que "no permitirá que los migrantes se establezcan en Libia".
Asimismo se comprometió a trabajar conjuntamente con Túnez "para proteger las fronteras comunes, despejarlas de migrantes ilegales y facilitar la entrada y salida regular de ciudadanos".
Ambos gobiernos acordaron este jueves distribuirse la recepción de al menos 300 migrantes "varados" desde hace cinco semanas en el puesto fronterizo de Ras Jedir, un área de amortiguamiento sin acceso a agua ni comida.
Túnez anunció haberse hecho cargo de un grupo de 126 personas, incluidas 42 mujeres y ocho menores, que fueron trasladadas a centros de acogida en las regiones sureñas de Medenine y Tataouine con ayuda de la Media Luna Roja.
Tras este acuerdo, las autoridades libias, que revelaron haber localizado un total de 27 cadáveres en esta zona desértica, aseguraron la evacuación total de todas las personas y la organización de patrullas conjuntas para proteger la frontera.
La crisis comenzó a principios de julio cuando al menos 1.200 migrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano fueron detenidos en redadas masivas en la ciudad de Sfax (centro-este), principal punto de partida de la migración irregular hacia Europa, y expulsadas a las fronteras de Argelia y Libia.
Naciones Unidas pidió el cese inmediato de estas expulsiones mientras el Gobierno tunecino denunció una "campaña de desinformación y malintencionada" y señaló que no puede asumir responsabilidades fuera de su territorio.
Human Rights Watch (HRW) ha instado a la Unión Europea, que firmó en julio un acuerdo migratorio con Túnez, a suspender su apoyo financiero destinado al control de sus fronteras y advirtió que el país magrebí no es un refugio "seguro" para las personas subsaharianas.