El Gobierno vasco acuerda con el Estado la competencia de acogida a los refugiados

En los primeros compases del Gobierno español, Pedro Sánchez ha cumplido ya íntegramente uno de los acuerdos de investidura con el PNV, una velocidad meteórica que viene dada por la capacidad de presión que tienen los jeltzales en el Congreso, donde ahora sus votos son imprescindibles. La transferencia más compleja, la que más se resistía dentro del paquete de materias urgentes, ha sido acordada finalmente entre los gobiernos vasco y español. La comunidad autónoma asumirá la competencia para gestionar la acogida de los refugiados, es decir, los itinerarios para integrar a estas personas en la sociedad.

Ambos gobiernos han encarrilado este miércoles un acuerdo que supone el traspaso de funciones y servicios para la atención de las personas que solicitan asilo huyendo de la guerra o de regímenes dictatoriales y que han alcanzado el estatus de la protección internacional. El Gobierno vasco asumirá “la gestión integral del proceso de acogida”, una etapa que dura como máximo seis meses. En concreto, se les brindará apoyo para acceder a la formación para el empleo, buscar una vivienda y realizar actividades para su inserción. Esta tarea la gestiona la consejería Políticas Sociales de Nerea Melgosa y ahora se oficializa el traspaso de funciones que en la práctica ya se venían ejerciendo con las competencias sociales de Euskadi.

El traspaso, como informó la consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi, no incluye los procedimientos de asilo (es decir, Euskadi no va a decidir quién se queda y quién no, tarea que corresponde al Estado, que sigue siendo quien concede el estatus de protección internacional) ni la gestión de los centros de refugiados. Tiene una perspectiva más social, de inclusión. El traspaso se refiere a la segunda fase de acogida, la fase para conseguir la autonomía personal de estas personas con un empleo y vivienda o brindando asistencia para afrontar la burocracia y los papeleos.

Con las elecciones vascas del 21 de abril ya convocadas, la consejería de Garamendi no ha querido hacer un alarde mediático tras este acuerdo, no ha habido comparecencia ante la prensa, y ha realizado una valoración en unas declaraciones enviadas a los medios. Garamendi destaca que esta transferencia es “importante” y permitirá a las instituciones vascas intensificar una tarea que ya realizaban de manera natural porque Euskadi tiene la competencia en la asistencia social. Reivindicó que, con estos traspasos, se trabajará para incorporar a estas personas en la sociedad. En cuanto a la valoración económica, se descontarán del Cupo que paga Euskadi a Madrid 2,4 millones. El acuerdo se alcanzó en una ponencia telemática con presencia de los departamentos de Autogobierno, Economía y Hacienda, e Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Las tareas que se asumen son del Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones, con quien la relación parece ahora más fluida tras la salida de José Luis Escrivá y la entrada de Elma Saiz. El acuerdo se hará oficial en una próxima Comisión Mixta de Transferencias.

Los gobiernos vasco y español han resuelto las últimas discrepancias que quedaban, que a esas alturas eran puramente económicas y relativas a la estimación del coste de la competencia. El acuerdo amplía la fotografía de la inclusión de estas personas, una materia que conecta en cierto modo con otro traspaso cerrado recientemente, la convalidación de los títulos universitarios extranjeros.

Se cumple el acuerdo PNV-Sánchez

Este acuerdo es relevante también a nivel político. Con él, el presidente español, Pedro Sánchez, ha cumplido uno de los puntos del pacto de investidura que firmó con el PNV, el que preveía transferir a la altura de marzo tres materias con carácter urgente. Ya habían cerrado las relativas a los trenes de Cercanías y la convalidación de títulos universitarios extranjeros. Este nivel de cumplimiento cuando tan solo han transcurrido 100 días de Gobierno supone un salto cualitativo con respecto a la anterior legislatura, caracterizada por los retrasos, y el cambio llega en un momento en que los escaños del PNV sí son imprescindibles para Sánchez. 

Además, a pesar del momento de efervescencia que provocó el compromiso del PSOE con Junts para transferir las competencias migratorias a Catalunya a cambio de su abstención en dos decretos, el primer acuerdo que ha cuajado es el suscrito con Euskadi, que tenía unos plazos y contenidos tasados en el pacto de investidura. Con Euskadi se pacta una transferencia íntegra, no una encomienda de gestión, ni tampoco la delegación de competencias que se anunció para Catalunya, que es reversible y tiene que obtener el aval del Congreso. El perímetro de las materias que gestionaría Catalunya se desconoce.

Como ya se había matizado públicamente, el acuerdo con el Gobierno vasco no recoge nada relativo a la primera fase de acogida, es decir, a la entrada de migrantes, cuestión que queda reservada al Estado en el control de fronteras. Tampoco era una aspiración del Gobierno vasco, que deseaba esta competencia no para expulsar, sino para integrar. Este mismo mes, de hecho, la consejería de Nerea Melgosa había anunciado la apertura de cinco oficinas más de Aholku Sarea, los puntos de referencia a los que se acogen los migrantes para preguntar sobre los permisos o el arraigo familiar. Se trabaja de la mano del tercer sector. El presupuesto se ha elevado hasta los 916.800 euros.

El resto de transferencias, en dos años

Además de este primer bloque, Sánchez se comprometió con el PNV a transferir el resto de competencias del Estatuto de Gernika en dos años. Desde entonces, distintos portavoces o el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, han puesto el acento en gestionar los aeropuertos, y también el régimen económico de la Seguridad Social y materias laborales. En paralelo, el Tribunal Constitucional acaba de dar otro espaldarazo a la transferencia del IMV y ha dado muestras de que se pueden establecer convenios en ese terreno sin romper el tabú de la unidad de caja. El TC lo valida, cree que no rompe la denominada “caja única” de la Seguridad Social y que se mantiene la normativa estatal. Ha rechazado el recurso del PP tras hacer lo mismo con el de Vox.

Valoración del Gobierno español

La transferencia de la acogida la valoró también el delegado del Gobierno español en la comunidad autónoma, Denis Itxaso, quien reivindicó que este mes de febrero se ha demostrado “clave” para cerrar los pactos. A su juicio, los acuerdos ponen de manifiesto que el Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres “ha trabajado con rigor y seguridad jurídica”. El ministro, por su parte, puso en valor en la red social X que “el Estado de las Autonomías es Constitución".