La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha anunciado este martes que en mayo se adjudicarán las primeras plazas del proceso de consolidación del empleo público. La consejera ha hecho el anuncio en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que la que ha explicado las actuaciones pasadas y próximas de su Departamento en materia de empleo público. Durante su intervención, ha hecho un recorrido de lo que está siendo la legislatura en el ámbito de la función pública y la ha calificado como “la legislatura de la mejora de la calidad del empleo público”.
Esa valoración deviene, según ha defendido la consejera, de diferentes actuaciones realizadas en este campo, partiendo de las leyes de Cuerpos y Escalas y la del Empleo Público que han permitido abordar los procesos de consolidación del empleo público. Este proceso todavía no ha terminado, actualmente encara su tramo final y una vez concluya a finales de este 2024 supondrá el fin de la temporalidad de alrededor de 3.700 plazas en la Administración General, que se situará por debajo del 8%.
La consejera ha precisado que, tras los exámenes y la valoración de méritos, este es el momento previo a la adjudicación de las primeras 1.600 plazas, correspondientes entre otras a las escalas administrativa, personal de apoyo y auxiliar administrativa, así como la técnica de enfermería. Según ha revelado, las plazas se adjudicarán a principios de mayo y la toma de posesión se realizará en julio.
El resto corresponde en su mayoría a escalas superiores, facultativas y técnicas y su adjudicación comenzará en septiembre, mientras que la toma de posesión será entre los meses de noviembre y diciembre.
Otro de los aspectos que ha destacado durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha sido el aumento que el empleo público ha registrado en el conjunto del sector público de la CAV entre enero de 2020 y diciembre de 2023. En este sentido, ha subrayado que en este periodo el personal público ha aumentado por encima de las 5.000 personas, un incremento que hay que entenderlo como la apuesta por el fortalecimiento de los servicios públicos.
Otra de las caras del compromiso del Gobierno vasco con el empleo público en esta legislatura es la oferta pública de empleo de 2023 recientemente anunciada por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. “Son más de 3.000 plazas, lo que permitirá dar cumplimiento al compromiso de ir realizando periódicamente convocatorias de empleo que aborden el relevo generacional de manera sostenible y continuar haciendo frente a la interinidad”, ha manifestado durante su intervención.
Garamendi también ha hecho referencia a algunas medidas que dejan entrever la apuesta por la mejora de las condiciones laborales de las personas empleadas públicas. Como ejemplos ha enunciado la ampliación de la flexibilidad del horario de entrada y salida para quienes tienen hijas o hijos de 12 a 14 años, la reducción de la jornada por enfermedad muy grave de familiares o por cuidado de menores o personas con discapacidad, entre otros. En este sentido, ha recordado que en la última mesa sectorial la mayoría sindical ha rechazado propuestas de la Administración que mejoraban sustancialmente las condiciones en cuanto a jornadas y horarios, permisos y licencias, y acceso al teletrabajo.
OPE para personas con discapacidad intelectual
Asimismo, Garamendi ha resaltado la importancia del proceso selectivo para el acceso al empleo público de 6 personas con discapacidad intelectual. “Este proceso muestra el firme compromiso de este Gobierno por la inclusión en igualdad de condiciones de estas personas al mundo laboral”, ha remarcado. Este proceso comenzará el 5 de marzo con los primeros exámenes y en las que participarán cerca de 400 personas.
Por otra parte, ha traído a colación la oferta de puestos reservados a personal funcionario con habilitación nacional de las Administraciones locales para plazas de secretaría, intervención y tesorería. “Es la primera vez que se ha convocado desde Euskadi, ejerciendo una competencia que ha sido cuestionada, pero que asegura que los ayuntamientos y entidades locales puedan cubrir estas plazas con el perfil lingüístico adecuado”, ha señalado Garamendi.