El Gobierno vasco adopta nuevas medidas ante los delitos de odio

Cada vez son más los incidentes de índole racista, xenófoba, sentimiento antigitano y lgtbifóbico en Euskadi. Para evitar que este fenómeno se continúe agravando, el Gobierno vasco presentó ayer lunes una guía de actuación ante estas situaciones, que según advirtió la consejera de Igualdad y Justicia, Beatriz Artolazabal, se están convirtiendo en un problema “estructural” alimentado por el aumento “significativo” de los discursos de odio.

Este documento presentado por el Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, Biltzen, trata de orientar la respuesta de los ayuntamientos vascos para dar una solución “adecuada y proporcionada” ante los incidentes de odio.

El objetivo de la guía es informar, sensibilizar, concienciar, prevenir y, sobre todo, brindar atención, acompañamiento y orientación a las víctimas de incidentes o delitos de esta naturaleza. El responsable de Biltzen, Diógenes Sabana, expresó su confianza en que el documento “se convierta en una herramienta útil con la que las entidades locales puedan abordar no solo los potenciales incidentes de odio que se produzcan en sus respectivos territorios, sino también establecer procesos de sensibilización y prevención”.

Para ello, hacen una apuesta por el trabajo en red y la adecuación de la respuesta institucional a los principios democráticos. Entre las actuaciones propuestas se incluyen la atención, información y orientación; la derivación, en función de la urgencia, a un centro de salud o a la Ertzaintza; la sensibilización y denuncia social en función de la gravedad del hecho; la información y sensibilización pública a través de los medios de comunicación; o el registro estadístico de los incidentes.

Artolazabal, por su parte, subrayó que “la protección y la promoción de los derechos humanos pisan un suelo resbaladizo”. “Los incidentes y delitos de odio registrados ponen de manifiesto el largo camino que aún queda por recorrer en este ámbito y la necesidad de no bajar la guardia”, advirtió. Este, dijo, es un “desafío” que exige “el compromiso y la labor conjunta de instituciones, entidades sociales y ciudadanía”.

El 42,5% de la población declara haber escuchado o presenciado insultos, el 17,9% manifiesta ser conocedor de amenazas por motivos raciales o de orientación sexual y el 13,5% afirma saber de agresiones físicas a miembros del colectivo LGTBI.