El Gobierno vasco de coalición entre el PNV y el PSE fue muy crítico ayer martes con la deriva en el Tribunal Constitucional, tras su decisión de suspender la reforma del método de elección de sus jueces antes incluso de que la pueda aprobar el Senado. El portavoz, Bingen Zupiria, dio por acreditada la “politización de la Justicia” en el Estado, utilizando el mismo término que había puesto sobre la mesa el lehendakari Urkullu un día antes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recordó que el propio lehendakari ya pidió durante la apertura del año judicial que prime el bien común “por encima de intereses partidistas o corporativos” y que se pueda superar la crisis en la renovación de los órganos constitucionales.
Zupiria aseguró que, en términos de gobernanza democrática, “estamos viviendo una situación delicada”, y que incluso el Estado puede quedar en evidencia ante las instituciones europeas. “Esta crisis ha sido objeto de atención por parte de las instituciones europeas, y puede poner en jaque la credibilidad del Estado español ante sus socios europeos”, dijo, ante la “incapacidad de los partidos para llegar a acuerdos para renovar los órganos judiciales”. “Estamos viendo las expresiones más claras de la politización de la Justicia, decisiones que cuestionan gravemente el escenario de una gobernanza democrática tal como está establecida en la Constitución española”, sentenció.
Señaló, sin citarlo, al PP. Mostró su “preocupación ante un partido que se niega asumir la mayoría parlamentaria” y que impide renovar los órganos judiciales. “Podríamos vernos también en una situación en que un órgano constitucional esté interfiriendo en la actividad que unos órganos legislativos deben tener por la legitimidad que poseen”, añadió.
En este sentido, Zupiria opinó que se está produciendo “un escenario de confrontación muy dura, en un clima grave y preocupante” que se va a extender todo el año que viene por las elecciones.