El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado este martes el decreto que regula los programas y servicios destinados a asegurar la empleabilidad de las personas con discapacidad de Euskadi, un decreto que incrementa cuantías para la contratación en el mercado ordinario, para la adaptación de puestos de trabajo, y amplía los colectivos a proteger.
A propuesta de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, se ha ratificado este decreto que afecta a la fórmula del trabajo protegido y que se considera "fundamental para la integración laboral de las personas con discapacidad".
Según ha explicado el Departamento de Trabajo y Empleo, "se trata de una fórmula que se lleva impulsando toda la legislatura porque facilita la adquisición de hábitos sociales y de trabajo a las personas a las que da ocupación, mejora su empleabilidad y facilita su incorporación al sistema productivo ordinario".
"Este decreto trata de responder a las necesidades actuales e introduce una serie de modificaciones respecto al actualmente vigente, que tienen por objetivo adaptarse al marco común recogido en el Real Decreto 818/2021", ha subrayado.
Entre las novedades de este decreto destacan las ayudas cuyas cuantías se han visto incrementadas. En concreto, en las ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, la cuantía con carácter general pasa de 4.000 euros a 5.500 euros (6.000 euros si la persona contratada es mujer o mayor de 45 años).
Además, se prevén dos casos especiales que antes no estaban contemplados. De esta forma, cuando la contratación indefinida inicial, a tiempo completo, sea con personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, la subvención será de 7.000 euros (7.500 euros si la persona contratada es mujer o mayor de 45 años).
Cuando la contratación indefinida inicial, a tiempo completo, sea con personas con capacidad intelectual límite --aquellas que acrediten oficialmente al menos un 20% de discapacidad intelectual y que no alcancen el 33%--, la subvención será de 2.000 euros.
En el caso de las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras, la cuantía de la subvención por la implantación de medidas de adaptación individual será de un máximo de 1.800 euros por cada persona trabajadora con discapacidad para la que se haya realizado dicha adaptación. La cuantía anterior era de un máximo de 1.000 euros.
Para las ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad, se incluye una "matización, inexistente anteriormente", de que en el caso de que la contratación fuera de personas con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, la subvención será del 55% del salario mínimo interprofesional vigente --60% si es mujer o mayor de 45 años--, por cada trabajador o trabajadora contratada a jornada completa.
AMPLIACIÓN DE LOS COLECTIVOS
Asimismo, en el programa de las ayudas a las actuaciones de empleo con apoyo se han "matizado y ampliado" los colectivos a proteger. De esta forma, el Ejecutivo ha destacado que dentro de las personas con una discapacidad superior al 33%, las personas con autismo están explicitadas en el artículo 23 del decreto, "no dando lugar a la ambigüedad que tanto perjudica laboralmente a estas personas en la actualidad".
También se incluyen las personas con capacidad intelectual límite, tal y como se definen en el Real Decreto 368/2021 sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de estas personas, y que tengan una discapacidad intelectual superior al 20%, sin tener que alcanzar el 33%, "requisito que, frecuentemente, hace de barrera y deja desamparadas a muchas personas con este tipo de discapacidad".