Por encima de la tensión política que se mantiene en cuestiones como la gestión hospitalaria u otros debates clave dentro de la pugna preelectoral en puertas del 28 de mayo, el Parlamento Vasco ha vuelto a arrojar este jueves una imagen de consenso en la aprobación de una ley, tras la negociación mantenida con los grupos por parte del Gobierno vasco. A pesar de la mayoría absoluta de PNV y PSE, este ejercicio de diálogo se tradujo en la incorporación de varias enmiendas de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+C’s a la Ley de Potestad Sancionadora de la Administración. La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha conseguido aprobarla en el pleno parlamentario con el apoyo de EH Bildu y las abstenciones del resto de los grupos, incluido Vox, lo que supone que la ley no recibió ningún voto en contra. Esta ley establece una serie de garantías para la ciudadanía que se enfrenta a sanciones por incumplimientos legales o multas, y refuerza el carácter educativo frente al castigo puro y duro, con la opción de sustituir la multa por un acto de conciliación o reparación cuando los infractores sean menores de edad o tengan alguna discapacidad.
Esta ley tiene también una lectura en términos de autogobierno, porque Garamendi puso en valor que se fije un procedimiento único sancionador para las administraciones vascas, “atendiendo a las peculiaridades de nuestra comunidad”. La ley anterior era de 1998. Esta ley incluye la digitalización y su aplicación a las sanciones locales de acuerdo con los criterios del régimen municipal.
El tono fue constructivo por parte de todas las bancadas (salvo de Vox, que no intervino). Desde EH Bildu, Julen Arzuaga aseguró que la ley está plagada de tecnicismos pero que, aun así, es importante y tiene una afección práctica. Puso en valor las enmiendas de su grupo, que ponen coto “al principio de veracidad del agente de la autoridad, obligando al instructor a que el informe sea razonado, coherente y admita prueba en contrario, defendiendo así el principio de igualdad de las partes y de contradicción para la presunta persona infractora”.
Desde Elkarrekin Podemos-IU, Gustavo Angulo justificó su abstención en que aún había margen para la mejora y quedan “carencias” en la ley, pero reconoció que, al incluir aportaciones de los grupos, “ha cambiado a mejor”. “Para nosotras era vital dotar la ley de garantías que eviten el abuso de poder sancionador y para favorecer un enfoque más protector que punitivo”, dijo. Desde PP+C’s, Luis Gordillo destacó que la comunidad autónoma es la única que tiene una ley de este tipo y se felicitó de las enmiendas aceptadas a su grupo, aunque decidieron abstenerse porque las propuestas que han encajado otros partidos pueden generar “algún problema de interpretación en el futuro”.
Más acuerdos
El Gobierno vasco ha negociado esta ley a pesar de que no necesitaba más votos, lo que supone desactivar el discurso del rodillo. El acuerdo beneficia también a EH Bildu, que proyecta una imagen de centralidad en votaciones concretas. Garamendi, por su parte, suma otra ley pactada a la lista, tras la aprobación por unanimidad de la de disposiciones de carácter general. Este mismo jueves, la Ley de Salud Pública siguió su tramitación al rechazar todos los grupos la enmienda a la totalidad de Vox. También se aprobó integrar en un solo texto las disposiciones de igualdad con el apoyo de Podemos-IU y el único rechazo de Vox.