El Gobierno vasco persigue una transferencia solidaria de la Seguridad Social y denuncia la “obstrucción deliberada” de su traspaso casi medio siglo después de la aprobación del Estatuto. Así lo expresa la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, que ahonda en el desconocimiento de la letra concreta que recoge esta materia y en las actitudes que buscan mezclar intereses políticos y dudas sindicales que disparan el temor a la ruptura de la caja única. A través de un artículo publicado en este diario, la dirigente jeltzale certifica que “el Estatuto de Autonomía estableció que Euskadi debe asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y debería rechazarse sin ambages” la oposición frontal a su ejecución, en tanto que “carece de toda lógica la posición amparada en una previsión sobre la salud financiera del sistema público de protección”.
Garamendi afea de entrada que “debería causar rubor” el hecho de tener que acudir a la literalidad del texto para argumentar esta exigencia. La consejera vasca critica a quienes predican sobre la imposibilidad de este traspaso amparándose en que la gestión resultaría “deficitaria” y a su vez a aquellos otros que señalan que “Euskadi necesitaría de la solidaridad del resto de España para pagar sus pensiones porque con los ingresos de las cotizaciones no les da”. Una visión que desde Lakua echan abajo con un claro símil. Y es que “si diéramos por bueno semejante argumento, hoy en día no existirían Osakidetza, Ertzaintza o ETB”, ilustra Garamendi. Y añade: “Jamás, desde un cálculo de puro coste económico, habríamos puesto en marcha, tampoco, una prestación pionera en el Estado como fue la RGI”.
Desde el Gobierno de Iñigo Urkullu quieren dejar claro que siempre se ha trabajado en este terreno primando el “interés y cohesión social, unidos al rigor de una buena gestión”. Por ello, entienden que debería abordarse esta cuestión con mayores dosis de rigor porque “no está en juego la tradicionalmente aludida caja única, la unidad del sistema, ni la solidaridad entre sus componentes”. En este sentido, “la igualdad de contribuyentes y perceptores no depende del grado de concentración con el que se desempeña la gestión, sino del régimen legal de las decisiones, predeterminadas en la ley”, aclara la consejera. Garamendi admite que hay juristas que, “con razón”, aseveran que “el Tribunal Constitucional deja muy poco margen para asumir la gestión económica del sistema, pero obvian decir que los pronunciamientos del alto tribunal son referidos a Catalunya, y no a Euskadi, cuyas diferencias de capacidad y de autogobierno son sustanciales cuando se trata de analizar la autonomía financiera”. Una confusión que se ha exponenciado con la demanda de los soberanistas catalanes y del Govern de Pere Aragonès de una especie de Concierto Económico a la catalana mediante el cual poder gestionar todos los impuestos.
Pensiones
Así, Garamendi precisa que es necesario evocar cómo “las pensiones de jubilación no contributivas, en Euskadi, desde hace muchos años, son gestionadas y pagadas por las diputaciones forales. Nadie discute esa realidad y a nadie se le antoja calificar de privilegio tal situación”. “Hace bien poco, asumimos, también la gestión del IMV, negociada hasta la extenuación”, apostilla. Es por eso que, ante la intencionalidad de generar una atmósfera contraria a esta transferencia, reclama “mucha más pedagogía e información veraz sobre el sistema de Seguridad Social”. “Necesitamos mucho más realismo para poder entender, como lógico y positivo, que la pensión de jubilación la gestione y la pague el Gobierno vasco. No hay ideología detrás de ese enunciado”, verbaliza la consejera, que emplaza a abandonar la “tergiversación interesada”. “Hablemos sobre las muchas virtudes y posibilidades de futuro del sistema de protección pública de Seguridad Social, incluidas las relativas a las transferencias que, en virtud del principio democrático de legalidad, le corresponden a Euskadi”, propone la consejera de Autogobierno después de que cinco décadas después este traspaso parezca ser un tabú y al que no se llega a dar contenido sembrando la sospecha de que Euskadi quiere actuar totalmente al margen de la hucha común estatal a la que van las cotizaciones de los trabajadores.
Basta con recurrir al Estatuto y a la propia Constitución española, y a la ficha número 35 del Gobierno vasco que detalla su contenido. No se cita una caja única. Se habla de una transferencia con respeto al carácter unitario del sistema, manteniendo la solidaridad con otros territorios, en coordinación con Madrid y respetando la legislación básica del Estado, es decir, que el Estado español seguirá dictando las leyes con las cuantías de las pensiones.