El Gobierno vasco cifra en 12.000 millones el gasto en pensiones del Estado en Euskadi este año

Mirando los nubarrones de la gobernabilidad en el Estado español de reojo, el Gobierno vasco mantiene con un ritmo sostenido los pasos para completar las 29 competencias del Estatuto de Gernika que siguen pendientes, un ambicioso objetivo que el Ejecutivo que lidera Imanol Pradales se ha marcado para la presente legislatura. Este plan tiene un horizonte fijado, finales de 2025, en función de los diversos compromisos alcanzados por el actual inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, y la joya de la corona, la tarea más compleja y que por ello destaca sobre el resto, es el traspaso a Euskadi del régimen económico de la Seguridad Social.

Ayer martes se desbrozó un poco más el camino hacia esta meta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la portavoz del Ejecutivo y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, que cifró en 12.000 millones de euros el gasto en pensiones que el Estado paga actualmente en Euskadi. Una cantidad a la que, según fuentes de Lakua consultadas, habrá que sumar otros gastos en funcionarios, edificios, etc. que “aún no están cuantificados por los técnicos”.

La inversión real que supondrá esta transferencia aparecerá reflejada en la propuesta concreta que, según avanzó Ubarretxena, el Gobierno vasco trasladará a Moncloa antes de fin de año. Su Departamento ya está trabajando en ese primer planteamiento dado que se trata de un traspaso “complejo”, admitió, que requiere a su vez negociar “con la mayor discreción”.

Esta hoja de ruta se concretará todavía más con la reunión que la consejera de Autogobierno mantendrá el próximo miércoles, 2 de octubre, con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, para seguir avanzando en el traspaso de las competencias pendientes. Aquí se incluye la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que está recogida en la disposición adicional quinta del Estatuto, recordó Ubarretxena.

Sobre la mesa hay seis primeras competencias cuyo aterrizaje en Euskadi está más avanzado: la transferencia de la ordenación y gestión del litoral, las relativas a las autorizaciones de trabajo por cuenta propia y ajena de los extranjeros, salvamento marítimo, meteorología, fondo de protección cinematográfica y la de seguridad y salud en el trabajo en el centro nacional de verificación de maquinaria en Bizkaia.

Otra de las cuestiones a abordar entre la consejera y el secretario de Estado será cerrar la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi que se celebrará a finales de octubre, y que estará presidida por Pedro Sánchez y por el lehendakari, Imanol Pradales. Este foro fue cerrado el pasado viernes durante la reunión que ambos mantuvieron en Madrid, dentro de la ronda de contactos del presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos para hablar fundamentalmente de la financiación autonómica.

Pradales afirmó tras ese encuentro que la activación de la Comisión Bilateral es el siguiente paso para “imprimir un nuevo ritmo, una nueva dinámica a la relación España-Euskadi”, a partir de los compromisos alcanzados en el pacto para la investidura del líder socialista entre el PSOE y el PNV, y del acuerdo programático que firmaron la formación jeltzale y el PSE para el actual gobierno de coalición que sustenta el Ejecutivo vasco.

En esos acuerdos se recoge el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, tasado en dos años desde la investidura de Pedro Sánchez, así como abordar un nuevo pacto estatutario que incorpore elementos como la bilateralidad, el sistema de garantías y el reconocimiento nacional de Euskadi.

Compromiso

Sobre el régimen económico de la Seguridad Social, Ubarretxena dijo que “sabemos que se trata de una transferencia compleja que va a llevar su tiempo, por eso estamos intentando trabajar y avanzar”, ya que “no por ello vamos a dejar de pedirlo”. Respecto a la estimación económica de lo que supondría asumir esta competencia, afirmó que por ahora no se dispone de “datos concretos” y que aún es pronto para aportar más detalles. Pero recordó que existe un “compromiso” del Gobierno español de que esas competencias “tienen que estar traspasadas a finales de 2025”.