Lejos de asumir una política continuista de la gestión penitenciaria que estaba llevando a cabo el Estado español, el Gobierno Vasco tuvo claro desde el principio que iba a implantar un modelo propio y diferenciado. Se trataba de “una travesía larga y difícil, no exenta de obstáculos, algunos esperados y otros ficticios e interesados; pero también ilusionante y comprometida a partes iguales”, afirmó ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Un año después de la asunción de esta competencia el 1 de octubre de 2021, el Gobierno Vasco hace un balance positivo pero admite que la implantación plena de su forma de proceder es un objetivo a largo plazo, que llevará más de una legislatura. “En ello estamos”, resumió la consejera en la jornada de trabajo celebrada en el Centro Penitenciario Araba con motivo de este aniversario.
La espina dorsal del modelo vasco de gestión de los tres centros de la CAV, de la que derivan el resto de actuaciones, es la apuesta decidida por la reinserción de las personas reclusas, lo que supone a su vez potenciar los regímenes de semilibertad. Diversos estudios demuestran que “con estos regímenes se consiguen mayores éxitos en la reinserción de las personas”, lo que está además en consonancia con la tendencia que se sigue en Europa, aseguró Artolazabal.
A nivel numérico, en estos casi 365 días se han concedido 457 progresiones a tercer grado, muy cerca del 40% que las instituciones vascas se pusieron como meta. De esas concesiones, solo 25, un 5%, corresponden a presos de ETA. Actualmente son 116 los internos vinculados con la banda disuelta que cumplen condena en cárceles de Euskadi, sobre todo en Araba. Su traslado desde penales del resto del Estado ha sufrido un acelerón en las últimas semanas y apenas quedan unas decenas fuera de la CAV. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado por finiquitada la política de dispersión.
Consciente de que la situación de los presos de ETA es la que mayor atención mediática depara, y que es también utilizada con fines políticos –“los obstáculos ficticios e interesados” a los que hacía referencia Artolazabal–, la consejera le dedicó un lugar destacado en su intervención. Rechazó que existan “excepcionalidades” o “tratamientos colectivos”. “Ningún preso obtendrá beneficio o perjuicio alguno en los centros penitenciarios vascos”, señaló.
Añadió que los traslados a Euskadi se aceptan por “cuestiones de arraigo, sean de ETA o no”; y que las progresiones de grado se basan en los “informes profesionales individualizados” de las juntas de tratamiento y de los técnicos que “trabajan día a día” con cada recluso. “Sean de ETA o no”, reiteró, por lo que negó con firmeza que las cárceles vascas se hayan convertido en “hoteles ni resorts”. Se trata de centros gestionados por profesionales que trabajan de forma individualizada con cada preso con el fin de “recuperarle y evitar reincidencias”.
Justicia restaurativa
Aunque la implantación total del modelo vasco en la gestión penitenciaria es una labor que llevará años, ya está dando muestras de su especificidad, más allá de tener la reinserción en el mascarón de proa. Además de mirar a las personas presas, las víctimas son uno de los actores “más importantes de nuestro modelo”, recordó Beatriz Artolazabal. Ello se refleja en otra apuesta estratégica, la de la justicia restaurativa entre víctimas y victimarios. La previsión es que “en los próximos meses podamos empezar talleres” con ambos colectivos, “siempre desde la voluntariedad y la discreción”, subrayó.
Un hito más es la puesta en marcha, en un tiempo récord, de la Agencia Vasca de Inserción Laboral, Aukerak, para “mejorar la empleabilidad de las personas internas en las penitenciarías de Euskadi, con el fin último de lograr su reinserción sociolaboral”, según el informe Construyendo el modelo penitenciario en Euskadi. Balance 2021-2022, presentado ayer. Hasta la fecha ha empleado a 331 personas (296 hombres y 35 mujeres) y ha firmado convenios de colaboración con nueve empresas externas, que emplean a otras 150. “Además, se han mejorado las remuneraciones de las personas trabajadoras”, apostilló.
Relacionado con la apuesta por la semilibertad de los presos, el Departamento ha habilitado 12 pisos –6 en Araba, 3 en Bizkaia y 3 en Gipuzkoa– para los reclusos que carecen de recursos habitacionales o no pueden acceder a los mismos. Estas viviendas podrán ser utilizadas por 80 personas que cumplan condena en régimen de semilibertad.
En la jornada de ayer participaron, entre otros, la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, y sus tres directores, Eugenio Artetxe, Javier Landeta y Jon Uriarte. También los directores de los tres centros penitenciarios de la CAV, Benito Aguirre (Araba), Vicenta Alonso (Bizkaia) y Marian Moreno (Gipuzkoa).
Más plazas sin cubrir
En cuanto a la plantilla de los centros, este año hay un total de 675 plazas entre funcionarios y laborales, de las que están ocupadas el 83% (558), 35 menos que en 2021. Las plazas sin cubrir han aumentado en un año al pasar del 12% (82) al 17% (117) este año. Artolazabal agradeció la disposición a hablar de ACAIP-UGT “desde un planteamiento crítico”. Los acuerdos firmados con este sindicato “nos han permitido disponer de dos años para poder trabajar bien la RPT y también tener, en breve, una bolsa de trabajo que ayudará a reforzar la plantilla”, dijo, y animó al resto de centrales a dialogar.