El acuerdo que alcanzó ERC para la investidura de Salvador Illa como president de Catalunya compromete a los socialistas a pactar un nuevo modelo de financiación singular para el territorio, que supondría que recaude todos los impuestos y que realice a cambio una aportación económica para garantizar la solidaridad con el resto del Estado. El documento no menciona en ningún momento el Concierto Económico vasco ni el Convenio navarro, aunque es la fuente de inspiración de la que beben los soberanistas catalanes. ERC tiene la aspiración de lograr un modelo similar al vasco y, aunque voces del PNV y el propio lehendakari Pradales no han exigido exclusividad ni han querido impedir que este diálogo dé frutos, sí llevan días dejando caer su escepticismo y que es difícil copiar un sistema que hunde sus raíces en una larga historia y en unos derechos forales reconocidos en la propia Constitución española.
Pero la nebulosa que envuelve a esta negociación, que aún se tiene que concretar en una reforma normativa, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que el PP e incluso algunos socios de Sánchez pongan el grito en el cielo y den por hecho que habrá “privilegios” al margen del sistema de financiación común del resto de las comunidades autónomas. Alberto Núñez Feijóo ha convocado ya a sus barones el 6 de septiembre. Y, nuevamente, la discusión salpica de refilón a Euskadi, porque la propia ERC, para defenderse, deslizó hace semanas que el Cupo que pagan los vascos al Estado no sería tan solidario como el que ofrece pagar Catalunya. En mitad de este enredo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de Sánchez y una de sus negociadoras de confianza, trató de zanjar este miércoles que habrá un modelo singular para Catalunya, más allá de una reforma de la financiación al uso, pero no será un Concierto porque “la única experiencia en nuestro país es el Concierto vasco y el navarro”. Será un modelo singular, pero no tanto como el vasco, o no en los mismos términos.
Se da la circunstancia de que, tan solo unas horas antes, por la mañana, en los micrófonos de Onda Vasca, la vicelehendakari jeltzale, Ibone Bengoetxea, había evitado cualquier comparación con el caso catalán y había trazado una línea divisoria en plena ceremonia de la confusión. Cuando se le preguntó a Bengoetxea por la tentación de comparar la financiación singular de Catalunya con el modelo vasco, respaldó que pueda buscarse una solución para ese territorio, pero se negó a establecer analogías porque el Concierto es “incomparable” y no existe mayor “rigor jurídico” que el que tiene este sistema de autonomía fiscal, con respaldo de la Constitución española, de la justicia europea y del Tribunal Constitucional estatal.
“Es bueno que Catalunya tenga estabilidad y que se llegue a acuerdos, pero no voy a comparar nuestro Concierto con nada porque es incomparable. Es un Concierto singular que tiene todos los amparos jurídicos, no hay mayor rigor jurídico que el que tiene nuestro Concierto, con la disposición adicional primera de la Constitución (la que avala los derechos históricos y el régimen foral), también con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2008 y el Tribunal Constitucional en 2016. Tiene todas las garantías y es solidario”, dijo, para concluir pidiendo “que no nos vendan la moto”.
Los respaldos judiciales y las raíces del Concierto
El Concierto Económico es el último vestigio que queda de la soberanía de Euskadi tras el proceso de erosión que comenzó con el Convenio de Bergara de 1839 y que desembocó en la abolición de los fueros de 1876. El Concierto es el último espacio de relación bilateral que queda con el Estado, entendida esa bilateralidad en sentido estricto: ninguna de las partes puede imponer a la otra un cálculo ni una decisión de manera unilateral. Pero, además de los precedentes históricos, existe un blindaje jurídico a nivel europeo y estatal.
Bengoetxea se refería, por un lado, al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció en 2008 la capacidad de Euskadi para fijar una fiscalidad propia, a raíz del conflicto por el Impuesto de Sociedades. En 2016, el Tribunal Constitucional estatal blindaba la soberanía fiscal vasca frente a la ofensiva de recursos por parte de otras comunidades autónomas, y establecía que solo se podrá plantar batalla jurídica contra el Concierto en este tribunal de garantías y no en la justicia ordinaria.
Es precisamente esta protección la que ha llevado a algunos actores políticos a centrar el tiro en otra presa que creen que es más fácil de alcanzar: no cuestionan el Concierto, sino el Cupo, el dinero que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas y en concepto de solidaridad. Pero, también en este caso, el cálculo está blindado hasta 2026 en virtud de la última Ley Quinquenal que abarca hasta ese año y que fue respaldada por el Congreso y el Senado. De todos modos, el lehendakari Pradales no se ha puesto de perfil y ha contrarrestado las críticas recordando que Euskadi paga un 6,24%, aunque su peso es inferior a esa cifra en el conjunto del Estado en términos de población (4,6%) y PIB (5,9%).
De hecho, más allá de reivindicar la tradición del sistema vasco, lo que parece que se pretende con las declaraciones jeltzales es trazar una línea divisoria para dejar claro que es un sistema diferente y evitar que, en el fragor de la batalla catalana, el Concierto reciba algún perdigón. La principal amenaza que sobrevuela ahora es un eventual intento de recálculo del Cupo por presiones políticas