El Gobierno vasco deja patente su descontento con el servicio de ambulancias y abre nuevos escenarios para revertir la situación

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha explicado que si finalmente la empresa La Pau decide dejar de prestar el servicio de ambulancias el Departamento de Salud maneja varios escenarios que pasan por mantener el servicio a través de "contratos de emergencia" hasta la resolución de un nuevo concurso para adjudicarlo.

Responsables de Salud y de esta empresa mantendrán hoy un encuentro que podría ser decisivo sobre la continuidad de esta firma al frente del transporte sanitario urgente en Bizkaia y Araba, tras los incumplimientos detectados por el Ejecutivo autonómico por los que se le han impuesto varias sanciones.

La portavoz ha explicado que en la reunión se pedirá a La Pau que aclare si está en condiciones de ofrecer el servicio tal y como se recoge en los pliegos de contratación o si por el contrario no lo está y va a abandonarlo.

Descontento del Gobierno vasco

A la espera del resultado del encuentro, Ubarretxena ha señalado que se trasladará a esta adjudicataria el "descontento" con su labor, ya que para el Gobierno vasco, "ese servicio no se puede prolongar de esa manera por más tiempo".

Si finalmente La Pau decide abandonar, Salud seguirá garantizando la atención en este área con "contratos de emergencia" y con la licitación de un nuevo concurso para volver a adjudicar el transporte sanitario no urgente en Bizkaia y en Araba.

Preguntada por si en los nuevos pliegos se modificarán las condiciones para evitar que se reproduzca el descontento, la portavoz ha subrayado que se trabajará para que estén garantizadas la calidad y la prestación del servicio.

Además, ha dejado claro que el malestar de Salud es fruto del seguimiento continuado que lleva haciendo desde julio de un servicio que ya era cuestionado por sindicatos y trabajadores la pasada legislatura.

En relación a las causas por las que el Gobierno vasco no rescinde la relación contractual con La Pau se ha remitido a las "garantías jurídicas" que deben cumplirse y ha recordado que los recursos presentados por los sindicatos contra la licitación han sido desestimados.