El Gobierno Vasco denuncia la “falta de voluntad” de aclarar la muerte de Zabalza

“Todavía no hemos hecho las paces ni con nuestra memoria ni con nuestro pasado”, advirtió ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. Se refería así a los casos sin resolver del pasado de violencia en Euskadi, que siguen atormentando a las víctimas y sus familiares. Uno de los más paradigmáticos es el de Mikel Zabalza, cuyo cadáver apareció en el río Bidasoa en 1985 tras ser detenido y conducido al cuartel de Intxaurrondo. La reacción social de denuncia fue enorme, acrecentada por el hecho de que permaneció 19 días desaparecido, y ha vuelto al primer plano de la actualidad al conocerse que el guardia civil Arturo Espejo, presuntamente implicado en los hechos, ha sido ascendido a teniente general. Zupiria fue claro al denunciar la “falta de voluntad” de aclarar lo sucedido, al tiempo que advirtió contra los intentos de convertir en “héroes” a personas implicadas en hechos tan graves.

Nunca se condenó a nadie ni se esclareció la muerte de Zabalza, natural de Orbaizeta y que trabajaba como conductor de autobús en Donostia. Lo único que ofreció el Estado fue una versión oficial de la Guardia Civil que contradecía la pura lógica, al plantear que el joven se zafó de los agentes que lo custodiaban y escapó a través de una estrecha ventana en un túnel, lanzándose por un terraplén hacia el río pese a estar esposado. La Comisión de Valoración impulsada por el Gobierno Vasco para arrojar luz sobre sucesos de este tipo certificó lo inverosímil de esta versión, tras una investigación que incluyó una inspección sobre el terreno. En su dictamen reconoció que “existen fuertes presunciones de hecho de que Zabalza fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte”.

Ello derivó en su reconocimiento por parte del Gobierno vasco como víctima de la vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la CAV entre 1978 y 1999, lo que se visualizó con la entrega del dictamen a los familiares en un acto muy emotivo y cargado de simbolismo celebrado en su Orbaizeta natal el 27 de febrero de 2022.

Por ello es doblemente pertinente el pronunciamiento ayer del Ejecutivo vasco, que por boca de su portavoz Bingen Zupiria aseguró en Radio Popular-Herri Irratia que “por una parte todos tenemos la obligación de contribuir a que en la medida de lo posible estos temas se aclaren y, segundo, hay que tener cuidado con convertir en héroes a personas que han podido ser protagonistas de hechos tremendos”.

“Por lo tanto, ver que una persona que fue mando de la Guardia Civil y que pudo estar implicada en estos hechos es ascendida y que no hay ninguna voluntad de aclarar aquellos sucesos es algo que genera mucha incomodidad”, añadió.

“Es normal que esa incomodidad se manifieste y que los grupos políticos también se posicionen y pronuncien”, apostilló, tras la declaración de condena leída el martes en el Parlamento Vasco por el PNV, Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. “Hemos vivido una violencia terrorista tremenda y, en momentos, hubo una respuesta ilegítima del Estado”, dijo Zupiria. “No puedo imaginarme el calvario que han vivido estas familias”, concluyó.