El Gobierno vasco destinará casi 68 millones a equiparar los salarios del profesorado de la concertada con los de la pública

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes modificar la Ley de Presupuestos vasca para 2024 para contar con recursos económicos que permitan equiparar los salarios del profesorado de los centros concertados con el que reciben los docentes de la educación pública vasca. El objetivo de la medida es seguir avanzado hacia la gratuidad en los centros concertados que de esta forma, no tendrán que repercutir las subidas salariales de sus docentes a través de cuotas por servicios educativos.

Casi 68 millones de euros

Tras su aprobación en el Consejo de Gobierno será el pleno del Parlamento vasco el que tenga que dar luz verde al proyecto de ley para modificar las cuentas. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha explicado que el objetivo es que la Cámara vasca apruebe la modificación de las cuentas antes de que termine 2024. De esta forma, el Gobierno vasco dedicará casi 68 millones de euros a equiparar los salarios de 2023 y de 2024 de los docentes de los centros concertados con el del profesorado público. La consejera ha destacado que la medida se ha tomado de acuerdo con las patronales de los centros de iniciativa social y de las ikastolas, así como con los sindicatos mayoritarios.

Pasos hacia a gratuidad

Según el Ejecutivo vasco afirma la equiparación salarial permitirá seguir dando pasos para cumplir el mandato legal que fija la Ley vasca de Educación aprobada el año pasado y que garantiza la prestación de una enseñanza gratuita en los niveles correspondientes y de calidad, a través de los centros financiados con fondos públicos.

Menos cuotas para las familias

La consejera de Educación ha declarado que la medida aprobada en el Consejo de Gobierno permitirá que los centros no podrán reflejar los incrementos salariales en las cuotas que pagan las familias.

Además, Pedrosa ha confirmado que su departamento sigue estudiando el concepto de cuotas que a día de hoy cobran los centros concertados en aras de analizar cuáles vulneran los preceptos de la ley vasca, que no autoriza solicitar cuotas por los servicios educativos prestados, aunque sí por servicios complementario como el de comedor o el de transporte.