Los resultados de una encuesta sobre "polarización y convivencia" entre los españoles revelan el bajo nivel de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, principalmente respecto al Gobierno español, sin que ninguna consiga el aprobado, sea central, autonómica o local a excepción de Euskadi, donde los ciudadanos otorgan un 5,37 al Gobierno vasco y en Galicia, donde los consultados conceden un 5 a las corporaciones locales.
Es una de las principales conclusiones del estudio ICIP-EsadeEcPol, dado a conocer este martes por sus responsables, y el cual apunta que Catalunya es el territorio con un nivel más bajo de confianza institucional, mientras las evaluaciones más positivas se quedan en Euskadi y Galicia.
Surgen todos estos datos de la información aportada por 7.189 entrevistas realizadas entre octubre y noviembre de 2021, de las cuales 1.500 corresponden a la muestra del conjunto del Estado español y el resto a las siete autonomías analizadas específicamente, a razón de 800 entrevistas cada una de ellas. Se trata de Euskadi, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Madrid.
Los recelos hacia las instituciones se pueden medir con una nota media nacional de 4,74 para los gobiernos locales, de 4,63 para los autonómicos y de 3,55 al Ejecutivo central, todas por debajo del aprobado, si bien en el caso de Euskadi los ciudadanos otorgan un 5,37 al Gobierno de Iñigo Urkullu. Por su parte, los entrevistados en Galicia conceden un 5 a las corporaciones locales.
Por su parte, la Unión Europea logra en conjunto las mejores notas, con un 4,94 de media estatal y unos datos por comunidades que oscilan entre el 5 de Madrid y Galicia y el 4,5 de Catalunya.
Pretende también la encuesta pulsar la percepción que los españoles tienen de la convivencia ciudadana, y en este sentido no parece existir un problema ni en el conjunto de España, donde logra un aprobado alto de 5,85, ni para los ámbitos local (7,22) y autonómico (7,02), lo que lleva a los autores a concluir que la convivencia en general es buena.
Son responsables de este análisis del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) y el Esade la directora del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales, Sandra León, y la secretaria académica de esta entidad, Amuitz Garmendia.
Ambas investigadoras se han preocupado por conocer qué asuntos del debate público son los que más consensos y disensos suscitan en la sociedad española para así calcular su polarización.
Concluyen que las cuestiones que más consenso generan son las relativas a la igualdad de género, puesto que más de tres de cada cuatro ciudadanos respaldan sancionar a las empresas que paguen menos a las mujeres por el mismo trabajo.
Pero hay una puntualización, porque los más jóvenes (de 18 a 24 años) son los menos partidarios de evitar la discriminación por razones de género y de sancionar a las compañías con sueldos más bajos para las mujeres.
Otros ámbitos estudiados son la presión fiscal, y aquí la mayoría de la población admite mejorar los servicios públicos aunque ello suponga subir los impuestos (un promedio de 6,21), y la sanidad pública, donde casi la mitad (el 45,6 por ciento) piensa que la gestión de la sanidad pública es mejor que la privada.
En cuanto a las opiniones sobre la inmigración y su adaptación a la cultura de origen, el estudio revela que los españoles son más partidarios de su integración que a mantener su propia cultura.
En lo que hay menos acuerdo es en la organización del modelo territorial, ya que si un 37 por ciento aboga por recentralizarlo eliminando las autonomías o reduciendo sus competencias, un 30 por ciento apuesta por todo lo contrario, por una mayor descentralización, admitiendo incluso la independencia de algún territorio.
La comparación de estos datos con las series del CIS que formulan la misma pregunta indica una mayor polarización en el debate territorial, según el mismo muestreo.
Además, mientras en Catalunya y Euskadi hay amplias mayorías partidarias del modelo descentralizado, en Madrid el 53 por ciento reclama recentralizar el modelo.
Los porcentajes cambian bastante en otras comunidades, puesto que en Galicia un 30 por ciento respalda la descentralización frente a un 37 por ciento que no lo hace, y en Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura los niveles que piden recentralizar superan ligeramente a los opuestos a ello.
"Estos datos ponen de manifiesto la polarización entre territorios en torno a la cuestión territorial, que representa una de las fuentes de división más importantes sobre la que se organizan la competición electoral y el sistema de partidos en España", se constata en el documento.