El Gobierno vasco aumentará en un 8,5 por ciento de manera inmediata los ingresos máximos para poder optar a comprar o alquilar una vivienda pública con el fin de adaptarlos a la inflación y que no haya familias que se queden fuera del sistema por sobrepasar este límite máximo.
Así lo ha anunciado el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, en el Parlamento Vasco. La orden con el aumento se enviará próximamente al Consejo de Gobierno y será entonces cuando entre en vigor.
El límite de ingresos máximos pasará de 25.000 a 27.125 euros en el caso de una vivienda de protección social de alquiler, de 39.000 a 42.315 el tope para quienes opten a una VPO de régimen general en arrendamiento o compra y de 50.000 a 54.250 euros en el caso de viviendas tasadas.
En estos momentos, Etxebide tiene casi 17.000 solicitudes de personas y familias que quieren optar a una vivienda protegida.
Los niveles de ingresos para estar de alta en Etxebide se calculan utilizando la declaración del IRPF y aplicando un factor corrector en función de las características de la unidad convivencial.
Si los ingresos ponderados máximos se superan, se pierde la posibilidad de acceder a un VPO.
Arriola ha señalado que el objetivo es "evitar escenarios injustos que podrían expulsar del sistema de protección social a muchas personas a causa de la inflación".
Por ejemplo, se puede dar la situación de que una persona demandante de una VPO vea incrementado su salario por debajo del incremento del IPC y que, aunque su poder adquisitivo real se haya resentido al crecer los precios más que su sueldo, rebase los límites de la normativa y no pueda acceder a una vivienda protegida.
El consejero ha explicado que los límites en vigor se basan en normativa de 2011 y que no ha sufrido ajustes reseñables debido a la estabilidad en esta materia en los últimos años.
Dada la situación actual, ha anunciado que la actualización se recogerá en la disposición final del futuro decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda, que será aprobado en las próximas semanas.
La norma recoge que excepcionalmente en el momento de la aprobación del decreto se hará una actualización del 8,5 %, y además, cada 1 de enero se ajustará al IPC.