El Gobierno vasco espera aprobar a principios de 2023 un nuevo decreto sobre la normalización del uso del euskera en la Administración que incorpore a las sociedades dependientes del sector público vasco a las condiciones que, en materia de requisitos sobre el conocimiento de las dos lenguas oficiales de Euskadi -euskera y castellano-, establece la normativa vigente, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria.
El portavoz del Ejecutivo vasco, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha rechazado que el borrador sobre este decreto establezca que "se va a aumentar la exigencia del euskera". Zupiria ha recordado que el Gobierno tiene el "compromiso", y que así se lo pidió también el Parlamento autonómico, de revisar el decreto de 1997 que regula el proceso de normalización del euskera en las administraciones públicas.
"Estamos hablando de un decreto de 25 años de existencia, y aprobado en otras circunstancias sociolingüísticas", ha manifestado. Zupiria ha explicado que, en el momento actual, es necesario "adecuar" la normativa al contexto de 2022. Según ha recordado, en estos 25 años se ha producido una "evolución", de forma que un número "importante" de trabajadores públicos han adquirido un conocimiento "suficiente" sobre ambas lenguas oficiales. A su vez, ha destacado que en este tiempo se han logrado avances en el proceso de normalización y en el reconocimiento del "estatus" del euskera.
El portavoz del Gobierno y consejero de Cultura y Política Lingüística ha explicado que el Ejecutivo carece por el momento de un "documento base" sobre el futuro decreto. En todo caso, ha explicado que se están manteniendo "cientos" de reuniones en torno a este tema con representantes políticos y sindicales, así como con técnicos y especialistas jurídicos y lingüísticos.
Es un tema "complicado"
El objetivo -según ha explicado- es lograr un texto consensuado que cuente "con la mayor adhesión posible", pese a que ha reconocido que este es un tema "complicado" y que "no es fácil" lograr un acuerdo. Zupiria ha explicado que le gustaría que el nuevo decreto se pudiera aprobar a principios de 2023.
En todo caso, ha explicado que la diferencia "principal" que se plantea respecto al decreto de 1997 es la inclusión, en la futura norma sobre la normalización del euskera en las administraciones, de las sociedades y organismos dependientes del sector público vasco, que no aparecen contempladas en el decreto vigente. Zupiria ha indicado que muchos de estos organismos prestan un servicio público directo a los ciudadanos, y ha recordado que estos "tienen derecho a ser atendidos en las dos lenguas oficiales" de Euskadi. En este sentido, ha destacado que el euskera y el castellano, pese a compartir oficialidad, siguen sin tener "la misma situación", dado que todavía no se ha logrado la total "normalización" de la lengua vasca.