La nueva candidatura que ha propuesto el PNV para afrontar las elecciones vascas del año que viene, la de Imanol Pradales, ha sido utilizada por la oposición para buscar el desgaste del Gobierno vasco actual con el argumento de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no va a repetir y le quedaría poca impronta que dejar. Frente a ese mensaje, los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE, no bajan la intensidad de la producción legislativa y le han sacado brillo en lo que va de semana, con tres dictámenes aprobados en el Parlamento (Educación, Empleo y Protección de Datos), una ley (Salud) y una modificación legal (Patrimonio Cultural). Y se prevé que el último pleno de diciembre sea uno de los más relevantes por su orden del día.
EH Bildu ha llegado a decir que es un Gobierno en funciones, pero el Ejecutivo ha aclarado que no entrará en funciones hasta que se celebren los comicios en marzo o junio, y hasta entonces tiene intactas sus atribuciones para aprobar leyes y tomar decisiones. Más allá de la situación legal del Gobierno, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, parecía poner en duda el recorrido de la legislatura en cuestión de contenidos y productividad, y calificaba estos meses como los “minutos de la basura”, el nombre que recibe la fase más aburrida de un partido de baloncesto donde está todo decidido, nadie encesta y salen a jugar hasta los suplentes. Frente a esta versión, PNV y PSE están encarrilando las principales leyes precisamente estos días y en las próximas semanas. Decía Nerea Kortajarena que, en realidad, se están cerrando todas las carpetas como síntoma de que al Gobierno le queda poco, pero aún no está decidido si las elecciones serán en marzo o junio y todo dependerá de los plazos de otras leyes que están en capilla, como la de Transición Energética y Cambio Climático, que no podrá ser aprobada este año y necesita más tiempo.
Tres dictámenes
Esta semana comenzaba con la aprobación de dos dictámenes sobre dos de las leyes más relevantes para el Gobierno vasco, una perteneciente a una consejería del PNV, y otra del PSE. La aprobación del dictamen en comisión es el paso previo a la aprobación en un pleno del Parlamento.
El de la Ley de Empleo ha visto ya la luz. Esta iniciativa de la vicelehendakari segunda, la socialista Idoia Mendia, pretende crear una red de empleo, con planes personalizados para los solicitantes de un puesto de trabajo. Lanbide se transformará en un ente público de derecho privado, lo que va a permitir, según defienden los socialistas, una mayor especialización de los trabajadores del organismo, porque los que tengan plaza en Lanbide permanecerán con carácter estructural en ese puesto y se podrá profundizar en su formación. En el debate en comisión, PNV y PSE fueron los únicos que aprobaron la iniciativa, con las abstenciones de Elkarrekin Podemos-IU y PP, y el voto en contra de EH Bildu. La coalición abertzale, de hecho, está rechazando últimamente las principales iniciativas, ya que ha votado en contra de las de Empleo, Salud, Educación y, próximamente, los Presupuestos.
El miércoles quedaba aprobado en comisión el dictamen de la Ley de Educación, también con los votos de PNV y PSE, y el rechazo del resto de los partidos. Una baza que tienen a favor jeltzales y socialistas es que suman una mayoría absoluta suficiente en el Gobierno vasco para sacar adelante por sí solos sus iniciativas. Es un recurso que han tenido que utilizar cada vez más en este último tramo, donde la oposición ha endurecido su postura. Incluso en la Ley de Educación, que era uno de los pocos reductos de calma y sintonía con EH Bildu, ha estallado la discordia por una enmienda de PNV y PSE a la exposición de motivos que los jeltzales no querían que tuviera mayores consecuencias, pero que, por citar los modelos lingüísticos, ha servido a la coalición abertzale para marcar perfil y desmarcarse de una ley que era objeto de algunas presiones sindicales.
Un tercer dictamen, el de la Ley de Protección de Datos, ha quedado aprobado este jueves en comisión también con el voto en contra de EH Bildu, la abstención de Elkarrekin Podemos-IU y el apoyo del PP a los socios del Gobierno. La ley pretende adaptarse al reglamento europeo y crea una Autoridad Vasca para investigar de oficio o a instancias de parte cualquier irregularidad en el tratamiento de los datos personales. Podrá imponer sanciones.
¿Un 'superpleno' el día 21 de diciembre?
Una vez aprobados estos tres dictámenes, queda pendiente la aprobación final de los proyectos en un pleno del Parlamento Vasco. No hay previsiones oficiales, pero nada impediría que las iniciativas sobre Educación, Empleo y Protección de Datos fueran aprobadas en el último pleno del año, el previsto para el día 21. Hace tiempo que se baraja esa fecha para la de Educación y ya se ha establecido así públicamente, pero podría suceder que se habilitara alguna sesión extraordinaria para dar vida propia y empaque a la Ley de Empleo y no debatir todas las iniciativas el mismo día. Una jornada después, el 22 de diciembre, está prevista la aprobación de los Presupuestos para 2024. Urkullu anunció hace unos días que otra ley, la del Instituto Vasco de Finanzas como institución de crédito, sería aprobada antes de que termine el año.
Visto bueno a dos leyes más
La que ha quedado ya validada con carácter definitivo es la Ley de Salud, que ha visto la luz este jueves en el pleno del Parlamento Vasco con el respaldo de PNV y PSE, la abstención de C’s y el rechazo del resto de los partidos. Esta ley permitirá a la consejería contratar a personal médico y de enfermería extracomunitario, sin nacionalidad española, para poder reforzar las especialidades donde escasean los efectivos de personal. El PNV llamó la atención sobre el hecho de que la propia Rebeka Ubera acusó al Gobierno vasco de “copiar” las enmiendas de EH Bildu y apropiarse de su trabajo, de tal forma que llegó a asegurar que la “literatura de la ley va a mejorar”, pero aun así votó en contra del proyecto.
En la misma sesión, el Parlamento dio luz verde a una modificación de la Ley de Patrimonio Cultural, la única iniciativa en este último paquete que ha respaldado EH Bildu (aunque lo hizo dentro de un respaldo generalizado de toda la oposición, salvo la abstención de Vox). En esta modificación, vehiculizada como proposición de ley a través de los grupos parlamentarios de PNV y PSE, se han introducido las condiciones que debe cumplir un bien para ser protegido y concreta también las limitaciones para intervenir en inmuebles protegidos. Este viernes se aprobará el dictamen de la modificación de la Ley de Suelo.
¿El último empujón?
El portavoz Bingen Zupiria informaba esta semana de que el lehendakari ha dado la orden de facilitar la labor a los grupos de PNV y PSE hasta las Navidades para que puedan sacar adelante las leyes. En algunos ámbitos ajenos al PNV y Lehendakaritza se ha extendido la versión de que, una vez celebrado el superpleno de diciembre y aprobados los Presupuestos, el lehendakari no va a reabrir el Parlamento en febrero y convocará un adelanto de las elecciones para situarlas en marzo. Creen que, al margen de esa traca final, no quedaría ninguna iniciativa a la que sacar brillo.
Pero, oficialmente, el Gobierno vasco trabaja con más elementos de análisis como, por ejemplo, la posibilidad de aprobar en el Parlamento la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, un hito que será imposible de cumplir este año. Tampoco existe ningún plazo claro, ya que se mueve en el entorno del primer trimestre de 2024 y hay factores que no controla el Gobierno, como las prórrogas de la oposición. Por otra parte, el martes, se lanzó en Consejo de Gobierno otro proyecto, la Ley de Transparencia, para la que sí pintan bastos porque el calendario juega muy en su contra.
La decisión de Urkullu depende igualmente de la agenda para negociar las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika y que Sánchez ha prometido ceder a Euskadi a cambio del respaldo del PNV para mantenerse como presidente español. Tres de ellas se tienen que cerrar para marzo (ferrocarriles, convalidación de títulos universitarios extranjeros y labores de acogida), pero está en el aire también la reunión de la comisión permanente para abordar todo el proceso más allá de esas tres materias. Zupiria deslizó que el Gobierno valora más factores como la gestión de los fondos europeos y espera novedades en las próximas semanas para activar la macrorregión atlántica, que agruparía a territorios de cinco estados, incluidos la CAV y Nafarroa, y será clave para pelear la financiación europea al TAV o el hidrógeno.