El Gobierno vasco lleva a Extremadura su compromiso con la Memoria Histórica

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha encabezado la delegación del Gobierno vasco que se ha desplazado hasta Extremadura para intentar identificar los restos exhumados en la prisión de Orduña.

Este sábado en la localidad de Castuera, en Badajoz, Beatriz Artolazabal ha presentado ante la prensa, ante representantes de asociaciones de memoria histórica y ante familiares de presos fallecidos los trabajos que el Gobierno vasco, junto a la Sociedad Aranzadi, ha desarrollado en el penal de Orduña, que han permitido recuperar los restos de 71 personas que murieron en la prisión.

El objetivo de la delegación vasca es llegar a contactar con el mayor número de familiares posibles que puedan aportar ADN para la identificación genética de los restos.

“Quienes dieron su vida, quienes cayeron en el frente, quienes fueron tiroteados en una cuneta, quienes padecieron los rigores de la cárcel y de los campos de concentración, hasta encontrar muchas veces la muerte, quienes fueron objeto de todo tipo de represión, hoy nos interpelan. Tienen derecho, y vosotros, sus familiares, tenéis derecho”, ha manifestado Artolazabal.

Según los archivos históricos de los 225 prisioneros que fallecieron en la prisión de Orduña entre 1937 y 1941, 127 eran extremeños, y fueron trasladados desde la cárcel de Castuera.

De campo de concentración a penal franquista

El colegio de los Jesuitas de Orduña formó parte desde 1937 de la red de campos de concentración establecidos por los sublevados para albergar en condiciones infrahumanas a prisioneros de guerra republicanos que eran clasificados en estos centros dependiendo de su grado de compromiso con la República. En 1942 este campo de prisioneros se convirtió en una prisión en la que se recluía a combatientes del bando perdedor. La mayor parte de los presos provenían de zonas alejadas del Estado.

“Más de 2.000 personas fueron desplazadas en trenes a más de 700 km de distancia, para aislarlos y castigarlos doblemente, a ellos y a sus familias. Al castigo de una brutal represión se unió la crueldad del desarraigo. Y algunos de ellos nunca volvieron. Murieron por las inhumanas condiciones que en Orduña hubieron de soportar: frío, hambre, hacinamiento, enfermedad”, ha lamentado la consejera.

Aunque la mayor parte de los presos que fallecieron en Orduña provenían de Extremadura, también murieron 41 personas de Castilla la Mancha y 22 de Málaga.

Lograr el mayor número posible de muestras de ADN

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, es el responsable de coordinar los trabajos de identificación de las víctimas, y hasta el momento ha logrado contactar con 41 familias de víctimas de la prisión vizcaína, con las que ya ha gestionado la toma de muestras de ADN. Con el desplazamiento de la delegación vasca a Extremadura se busca contactar con el mayor número de familias posible para que las probabilidades de identificar los restos exhumados en Orduña sean mayores.