El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha celebrado este martes su último Consejo de Gobierno en un clima de despedida a escasas horas de que se produzca la investidura de Imanol Pradales este jueves, pero este ambiente de cierre de ciclo no ha provocado que baje el diapasón en términos de contenido. De hecho, el Gobierno ha aprobado una modificación del convenio de la Ertzaintza que está en vigor desde el año 2011, un movimiento con el que Josu Erkoreka lanza como mensaje que su gabinete ha decidido mejorar las condiciones a pesar de que no haya acuerdo con los sindicatos. Pero no le ha servido para rebajar la confrontación con ellos, que o bien lo acusan de actuar de espaldas a esta mayoría y de manera unilateral, o bien restan relevancia a los cambios. La consejería de Seguridad del vicelehendakari, que se jubilará cuando el Gobierno baje la persiana, ha decidido impulsar medidas por un valor de 6,3 millones de euros que entiende que benefician a los agentes de más de 55 años y a los equipos de investigación criminal, donde la situación es más delicada porque soportan una abultada carga de trabajo. El clima de confrontación con los sindicatos mayoritarios y con la plataforma Ertzainas en lucha ha marcado el último tramo del mandato.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la cuarta modificación del convenio con tres ejes. Por un lado, se incluye un bloque de medidas pensado para las mujeres ertzainas embarazadas o con hijos, un ámbito donde sí hubo acuerdo con el sindicato Euspel en la última mesa de negociación, la del 23 de febrero. Ese bloque, valorado en 600.000 euros, supondrá que las mujeres que soliciten dejar de trabajar en el turno de noche por riesgo durante el embarazo, por lactancia o por el cuidado de un hijo menor de 12 años mantendrán los complementos económicos; y todo el personal cobrará el plus de su turno de trabajo cuando disfrute de permisos de paternidad. La unidad sindical de la Ertzaintza le restó trascendencia asegurando que son también cambios ganados en sede judicial.
El bloque al que se destina una mayor inversión se refiere a la investigación criminal, un punto donde se pone en marcha lo que Erkoreka prometió en el Parlamento. Son unos equipos “nucleares” para la Ertzaintza, según las fuentes consultadas, y que además soportan una carga de trabajo cada vez más compleja en materia de violencia machista o ciberdelincuencia. Para las más de 1.800 personas que trabajan en ellos y que tengan funciones de estudio de diligencias e investigación, habrá un nuevo complemento de productividad por un máximo de 150 euros mensuales, un plus cuyo cumplimiento tendrá que quedar acreditado. El programa está valorado en 3,3 millones de euros.
Cerca de la jubilación
Otro de los bloques se refiere a los mayores de 55 años que quieran modular su actividad hasta su jubilación a los 60. El Gobierno vasco lo cuantifica en 2,3 millones. Aquí se incluyen varias cuestiones. Por un lado, podrán reducir su jornada anual y acumularla en días libres. Se establece una escala de reducción de la jornada: en el sexto año anterior a la jubilación, 24 horas menos al año; 48 horas en el quinto año, 64 horas en el cuarto, 96 en el tercero y, en el último año, una reducción proporcional al tiempo de servicio activo. Por otro lado, podrán solicitar la exención del turno de noche cobrando el complemento de productividad como si lo realizaran, o bien seguir en ese turno pero realizando el mentoring, es decir, formar a los ertzainas más jóvenes por 27 euros por cada noche. Además, dejarán de realizar ciertas tareas peligrosas, como participar en operativos donde se prevean alteraciones del orden público en protección ciudadana o unidades de tráfico y, en el último año anterior a su jubilación, no realizarán funciones de patrulla en el exterior. Algunas de las menciones al turno de noche y la reducción de jornada estaban en la oferta que presentó la consejería a los sindicatos, pero que no fue suficiente porque las centrales aspiraban a un aumento salarial lineal.
Crítica de la unidad sindical
El Gobierno de Urkullu baja así la persiana con un gesto en un ámbito de la gestión que se ha caracterizado por fuertes turbulencias. El departamento reivindica su posición asegurando que ha llevado a cabo un proceso de negociación para aprobar un nuevo acuerdo regulador, con más de cuarenta reuniones, y a través de cuatro convocatorias de la Mesa de Negociación en 2023 (23 de junio, 11 de julio y 16 de noviembre) y 2024, el pasado 23 de febrero. El Gobierno ha decidido implementar el acuerdo alcanzado con Euspel este año, y también ha decidido por propia iniciativa incluir modificaciones en la regulación del servicio modulado para los agentes cercanos a la jubilación y para los agentes de investigación criminal. Son medidas que no han sido acordadas con los sindicatos, pero que la consejería entiende que tampoco rechazan aunque no les parezcan suficientes.
ErNE, Esan y Sipe, sin embargo, respondieron con una nota de prensa desde la unidad sindical para recriminar al Gobierno en funciones que apruebe unas modificaciones que “no han contado con la unidad sindical de la Ertzaintza”, aplicando un acuerdo con Euspel “de forma unilateral”. “La unidad sindical seguirá negociando con el departamento y el resultado lo votarán todos sus afiliados”, avisan. Además, anuncian que acudirán a la vía judicial para que el plus de 150 euros se extienda a más de 300 agentes de inteligencia y Schengen, entre otros. Piden al nuevo Gobierno de PNV y PSE que trabaje para cumplir de inmediato los programas electorales “confeccionados en base al trabajo previo realizado con la unidad sindical en los meses anteriores”.