El Gobierno vasco negocia la mejora laboral de los funcionarios de Justicia, condicionado por lo que decida el Ministerio

El director de Administración de Justicia, Jon Uriarte, ha reiterado la disposición del Gobierno vasco a negociar la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración de Justicia, cuando se recrudece la huelga de estos trabajadores, con el aumento de jornadas de paro de 24 horas. No obstante, ha recordado que su proceso de diálogo está "condicionado" por lo que decida el Ministerio ante las reivindicaciones de los sindicatos de ámbito estatal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Uriarte ha afirmado que, "como siempre", el Ejecutivo vasco apuesta por el diálogo para solucionar "cualquier desencuentro". "Y en este caso, mantenemos la misma convicción", ha añadido.

Además, ha asegurado que es "un compromiso de Gobierno", tal como recoge el punto 97 del programa del Ejecutivo de coalición PNV-PSE, "mejorar las condiciones del personal de la Administración de Justicia mediante el desarrollo del IV Acuerdo de Condiciones Laborales, con el objeto de concluir la valoración de los puestos de trabajo, mantener bajas las tasas de temporalidad y fomentar los planes de formación y retribución".

No obstante, ha destacado que existen dos movilizaciones paralelas, una en el ámbito del Estado y otra en Euskadi, y las decisiones de acuerdo que adopte el Ministerio de Justicia afectarán a la negociación en la Comunidad Autónoma Vasca. Por ello, ha explicado que su proceso negociador "está condicionado por lo que pase en Madrid".

Transferencias del personal de Justicia

Mientras que la provisión de medios materiales fueron transferidos a Euskadi por decreto de noviembre de 1987, mediante el Decreto de 26 de marzo de 1996 se aprobó el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias para el traspaso a Euskadi de las funciones y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.

De esta forma, pasaron a depender de Euskadi los oficiales, auxiliares, agentes al Servicio de la Administración de Justicia, y médicos forenses --que en la actualidad suponen unos 2.450--, no así los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se ocupan de la organización de los juzgados y dependen del Ministerio, al igual que ocurre con los más de 200 jueces y fiscales que ejercen en Euskadi.

El sueldo lo determina la administración estatal

No obstante, los funcionarios de Justicia --que no están transferidos a todas las comunidades autónomas--, tienen unas singularidades. De esta forma, en Euskadi, aunque están remunerados por el Gobierno Vasco, tan solo corresponde a la Administración autonómica establecer el complemento específico (lo que supone entre un 30 y 35% del salario), dependiendo el resto de la retribución de lo que determine la Administración estatal.

En la Comunidad Autónoma Vasca se da la circunstancia de que los sindicatos con representación estatal, en concreto CCOO y CSIF, se han sumado a la huelga para reclamar aumento salarial al Ministerio, mientras que ELA y LAB piden al Gobierno vasco "la equiparación" con el resto de funcionarios de la Administración General de Euskadi, pero sumándose también a las reivindicaciones al Estado.

Un año de negociación

El Gobierno vasco negocia con estos últimos desde hace un año --proceso negociador del que se desvincularon CCOO y CSIF--, la mejora de las condiciones de la Administración de Justicia mediante el desarrollo del IV Acuerdo de Condiciones Laborales, tal como establece su programa de Gobierno. En un principio, la Administración Vasca ofreció un incremento salarial del 10% en cinco años.

Pese a la huelga y el problema que supone para el Ejecutivo autonómico la negociación paralela de los sindicatos con el Ministerio --ya que es Euskadi la que debe retribuir lo que se acuerde--, mantiene su voluntad de negociación con el comité de huelga (de ELA y LAB), que ha presentado una propuesta escrita al departamento de Nerea Melgosa.

Los funcionarios de la Administración de Justicia se encuentran en huelga desde el pasado 17 de abril, con paros parciales de tres horas al día, salvo las jornadas del 19 del pasado mes y del 4 de marzo, que fueron de 24 horas. Esta semana y la próxima será también general los martes, miércoles y jueves.

Este paro se produce después de la huelga de dos meses de los LAJ, y de la anunciada por jueces y fiscales si el Ministerio no accede al aumento salarial que reclaman. También los abogados del turno de oficio se encuentran de movilizaciones.