El Gobierno vasco no concederá subvenciones a las personas o entidades que hayan incumplido la Ley de Igualdad y las leyes de protección al medio ambiente mientras no satisfagan la sanción ni introduzcan medidas correctoras.
También estarán vetadas las empresas que deban tener un plan de igualdad y no lo hayan hecho, las compañías con más de 50 trabajadores que no hayan desplegado medidas contra el acoso sexual y aquellas que incumplen las medidas encaminadas a erradicar la morosidad al no pagar en plazo a sus proveedores.
Así lo ha detallado el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que este martes ha presentado en comisión parlamentaria el proyecto de Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones, que regulará las ayudas que concede el Ejecutivo autonómico pero de otras instituciones vascas como diputaciones y ayuntamientos.
Euskadi cuenta con diversa normativa sobre subvenciones pero se ha visto "desbordada" al complicarse su gestión por la importancia que han ido adquiriendo las ayudas públicas. El proyecto de ley trata de actualizar y reordenar la normativa actual en un texto único que toma el testigo de una normativa que el Parlamento estaba tramitando en 2016 pero decayó al concluir la legislatura.
En esta ocasión Azpiazu cree que hay tiempo para aprobar el texto antes de que termine la actual legislatura, lo que ocurrirá como muy tarde en julio del año que viene.
El consejero ha reiterado el deseo del Gobierno Vasco de que este proyecto se tramite de manera conjunta en la con la proposición de ley de EH Bildu que pretende que las empresas que se deslocalicen tras recibir ayudas públicas en los últimos diez años se vean obligadas a devolverlas.
La parlamentaria abertzale Leire Pinedo ha explicado en la comisión que los informes jurídicos determinarán si es mejor aunar ambas iniciativas o abordar la deslocalización en una normativa propia.
La Ley de Subvenciones recoge también un régimen sancionador, establece una evaluación del cumplimiento de los objetivos de la subvención y prevé la creación de un Registro General de Subvenciones para ser más "transparente" que enumerará todas las ayudas existentes, la relación de beneficiarios y el importe.
El texto establece como principios generales para la gestión de subvenciones la planificación, publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia, según ha explicado el consejero.