La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, volvió a mostrar ayer su rechazo al acuerdo sobre interinos alcanzado en Madrid porque invade competencias y limita la capacidad de organizar la plantilla de la Administración vasca. Sin embargo, todavía es pronto para plantearse la presentación de un recurso. Primero hay que conocer el texto íntegro para realizar un análisis jurídico y buscar resquicios que sostengan una apelación con garantía de éxito.
Lo que sí tiene claro el Gobierno Vasco es que seguirá "adelante" con su vía de consolidación de plazas. El plan para atajar la interinidad en la administración cocinado por el Gobierno central y los sindicatos tuvo ayer su eco. Dos de los firmantes del acuerdo en Madrid, CCOO y UGT pidieron su aplicación inmediata en las administraciones vascas y el consejo de ministros aprobó el Decreto de Ley que le da armazón jurídica.
La portavoz del Ejecutivo español, María Jesús Montero, confió en que, con los cambios en la normativa, este proceso de estabilización sea el último que necesite el sector público: "Siempre decimos que va a ser el último, en esta ocasión esperemos que así sea". Al término de la reunión semanal del consejo del Gobierno vasco, su responsable en la materia mostró una posición muy crítica.
Garamendi afirmó que por una parte se mantienen una tasas de reposición que "limitan" a Euskadi en su capacidad de decisión sobre cuál es el numero de plazas y puestos que se sacan a ofertas de empleo. Además, se plantean "plazos que son los marcados por el Estado sin atender a la realidad de lo que la Comunidad Autónoma necesita en cuanto a sus necesidades de personal". De modo que, cuando se conozca el texto en "su integridad", se realizará un análisis jurídico y se decidirá si se recurre o no el acuerdo.