El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, ha afirmado este viernes que el Gobierno vasco no ve "necesario abrir un debate sobre la vacunación obligatoria", aunque es consciente de que este existe. "No vemos necesario ahora mismo un debate sobre el tema, pero no se pueden poner puertas al campo", ha añadido.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Quintas ha valorado que el rechazo a vacunarse es "muy bajo" en Euskadi, de poco más del 1% de la población, y ha analizado la reunión mantenida este jueves por las tres diputaciones con el Gobierno Vasco para debatir si se aplicaban las recomendaciones anunciadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
En este sentido, ha remarcado que en la cita no se debatió la posibilidad de establecer la vacunación obligatoria de los profesionales del sector sociosanitario y la actualización del protocolo vigente del personal de residencias.
Así, ha subrayado que no se ha descartado realizar dos PCR semanales a los trabajadores que no se hayan vacunado, sino que se salió de la reunión con un acuerdo que, "en estos momentos, está siendo validado por los equipos técnicos de salud pública, por si tienen que hacer alguna matización".
"En cuanto esté validado se publicará, pero no se salió de la reunión sin acuerdo. El acuerdo político está tomado, falta ratificarlo por los equipos técnicos para ser publicado", ha afirmado Quintas, que no ha considerado "precipitado" anunciar si habrá cambios en el protocolo.
De este modo, ha rechazado que el Gobierno vasco quiera abrir el debate sobre la vacunación obligatoria, aunque es consciente de que el debate existe. "No vemos necesario un debate sobre el tema, pero no se pueden poner puertas al campo y el debate existe", ha expresado.
A su juicio, la cuestión de la vacunación obligatoria "no es una cuestión imprescindible" para lograr alcanzar los ratios de contagiosidad deseables", que se sitúan en 60 contagios por 100.000 habitantes.
Por último, ha advertido de que se trataría de una cuestión que no está en manos del Gobierno Vasco, al ser "inaplicable jurídicamente", de tal forma que "no se está en eso".