El Gobierno vasco considera que no hay "razones objetivas" para la huelga que han convocado varios sindicatos en el sector público vasco el 12 de marzo y ha subrayado que el Ejecutivo mantiene las puertas abiertas a la negociación.
Así se ha expresado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Goiberno, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, poco después de que los sindicatos ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK hayan anunciado la nueva jornada de huelga por la "nula voluntad política" existente para negociar las condiciones laborales.
La consejera ha insistido en que respeta la actividad sindical pero ha señalado que no existen razones objetivas para estas movilizaciones.
Ha recordado las "propuestas de mejora" que ha planteado su Departamento. "Cuando quieran estamos ahí", ha dicho a los sindicatos.
Garamendi ha hecho un balance de las actuaciones en la función pública que se han desarrollado durante esta legislatura.
Ha anunciado que las primeras plazas del proceso de consolidación del empleo público vasco en la administración vasca, 1.600, se adjudicarán a principios del mes de mayo y los trabajadores tomarán posesión de sus puestos en julio.
Ha explicado que el proceso de consolidación de empleo público encara su tramo final y una vez que concluya a finales de 2024 supondrá "el fin de la temporalidad de alrededor de 3.700 plazas en la administración general".
Las 1.600 plazas que se adjudicarán en mayo corresponden principalmente a las escalas administrativa, personal de apoyo, administrativa y técnica de enfermería, entre otras.
El resto corresponde en su mayoría a escalas superiores, facultativas y técnicas y su adjudicación comenzará en septiembre, mientras que la toma de posesión será entre los meses de noviembre y diciembre, ha avanzado.
La consejera ha destacado que entre enero de 2020 y diciembre de 2023 el empleo público en Euskadi ha aumentado "por encima de las 5.000 personas".
Ha puesto en valor otras medidas implementadas para la mejora de las condiciones de los empleados púbicos como la ampliación de la flexibilidad del horario de entrada y salida para quienes tienen hijos de 12 a 14 años y la reducción de la jornada por enfermedad muy grave de familiares o por cuidado de menores o personas con discapacidad, entre otros.