La sentencia firme contra De Miguel y Otxandiano abre la puerta a su despido

El Gobierno vasco había asegurado que estaba a la espera de la resolución definitiva del Tribunal Supremo sobre el caso De Miguel para adoptar una decisión sobre la situación del propio Alfredo de Miguel, que trabaja en la sociedad pública Hazi, y de Koldo Otxandiano, empleado en el Parque Tecnológico de Araba. Una vez que el alto Tribunal se ha pronunciado, rebajando la condena por corrupción del primero pero manteniendo la entrada en prisión de ambos que dictó en 2019 la Audiencia Provincial de Araba, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente avanzó ayer martes que, en cuanto le sea notificado el fallo, procederá a despedir a ambos.

En un comunicado, la consejería que lidera Arantxa Tapia anunció que ha dado “orden directa” a las gerencias de la Fundación Hazi y del Parque Tecnológico de Araba para que apliquen el fallo del Supremo, que es firme y sobre el que no cabe recurso alguno. La situación laboral de De Miguel y Otxandiano como empleados de entidades dependientes del Gobierno vasco había provocado las críticas de los grupos parlamentarios de la oposición y del PSE, socio del PNV en las principales instituciones vascas.

El Ejecutivo de Gasteiz y el PNV respondieron alegando que se trataba del estricto cumplimiento de la legalidad y que ninguno de los exdirigentes jeltzales ocupaba cargo institucional alguno. Solo un pronunciamiento del Supremo, ratificando o revirtiendo su situación procesal, podía llevar a Lakua a actuar, lo que finalmente se produjo ayer martes.

“La sentencia a la que se ha tenido acceso a través de los medios de comunicación no ha sido aún notificada oficialmente a ninguna de estas entidades por parte de las personas condenadas”, señaló el Departamento de Tapia apenas unas horas después de que saltara la noticia. Apostilló que, “una vez sea notificada, además de ejecutarse en todos sus extremos, la Fundación Hazi y el Parque Tecnológico de Araba procederán al despido de ambos trabajadores en cumplimiento tanto de la sentencia del Supremo como del Estatuto de los Trabajadores”.

Las fichas de dominó empezaron a caer una vez trascendió un fallo que pone punto final al caso Miñano más de una década después de conocerse los hechos. El TS rebaja la condena del principal encausado, el exdiputado alavés de Administración Local Alfredo de Miguel, de 13 años y 3 meses de cárcel a 12 años y 4 meses, al absolverle de un delito de tráfico de influencias. Mantiene eso sí su condena por asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación, así como el cumplimiento máximo de tiempo efectivo en prisión, que será de 9 años.

La rebaja de la condena afecta también al exmiembro del ABB y exconcejal en Gasteiz Aitor Telleria y a otros encausados, no así a Koldo Otxandiano, antiguo burukide alavés y contable del parque tecnológico de Miñano. Todos ellos abandonaron sus cargos en el PNV y entregaron sus carnés “hace más de doce años”, según recordó el partido. Queda a su vez absuelto de todos los cargos el presidente de los Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Andrés Sánchez Alegría.

La sentencia del Supremo considera que De Miguel, Telleria y Otxandiano utilizaron su influencia política para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión. Para encubrir dichos cobros, llegaron a constituir sociedades que facturaban servicios ficticios.

“Firme rechazo”

La difusión de la sentencia coincidió prácticamente con la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, y el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, expresó su “firme rechazo” a los hechos probados por el fallo, que aseguró que son “contrarios al ideario y los valores éticos” que defiende el Gobierno vasco. Avanzó que, si se confirmaba su carácter firme, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente “actuará en consecuencia” sobre la situación laboral de dos de los condenados, atendiendo a “lo que la ley y los convenios laborales en vigor establezcan”, como se certificó poco después.

Zupiria comunicó su “absoluto respeto” a esta resolución, que el gabinete de Iñigo Urkullu “respetará, acatará y cumplirá”, y citó la declaración que el lehendakari realizó en este sentido cuando en 2019 se conoció la sentencia de la Audiencia de Araba. A continuación, el portavoz reafirmó el “compromiso” de los integrantes del Gobierno vasco “con los valores éticos y la transparencia”, una actitud que, según destacó, queda acreditada y es sometida “todos los días” al control de los medios de comunicación y de los grupos del Parlamento Vasco.

Sin privilegios en prisión

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que compareció junto a Zupiria, subrayó que, al igual que ocurre con el resto de los presos que se encuentran en las cárceles de Euskadi, los condenados por este caso no se beneficiarán de “ningún privilegio” una vez ingresen en prisión. “Siempre he defendido que, con independencia del delito que hayan cometido, todos tienen los mismos derechos y obligaciones”, apostilló.