El Gobierno vasco eleva la presión sobre el Ejecutivo español para que dé voz a Euskadi en Europa. Ahora se abre una ventana de oportunidad porque, en el segundo semestre de este año, Pedro Sánchez asume la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea y, además, este punto forma parte de su acuerdo de investidura con el PNV. La secretaria general de Acción Exterior adscrita a Lehendakaritza, Marian Elorza, ha comparecido este miércoles en la comisión mixta del Congreso-Senado sobre la Unión Europea, con el objetivo de poner sobre la mesa las reivindicaciones vascas en el contexto de la preparación de esa presidencia. Elorza pidió a Sánchez que utilice esa atalaya para “proyectar la realidad de un Estado plural, en el que convivimos distintas realidades nacionales”. El propio Gobierno español ha proclamado que quiere implicar a las comunidades en su presidencia europea, y ahora se le presenta la oportunidad de plasmar esa voluntad en gestos concretos.
Elorza solicitó a Sánchez que aproveche su mandato europeo para llevar a buen puerto la creación de una macrorregión atlántica, y le solicitó que habilite cauces para la participación de las comunidades autónomas en los consejos de la Unión, que reúnen a los ministros de los países del club. Elorza le pide que, en los cuatro consejos donde las comunidades ya participan, se haga de manera efectiva: que se garantice el uso de la palabra al consejero autonómico que acuda al pleno como portavoz de las comunidades en lugar de participar como convidado de piedra, y que existan mecanismos para resolver las discrepancias entre la posición que quiere defender el Estado en ese órgano y la que quieran defender las comunidades en materias de su competencia. Citó el caso de Alemania, que contempla la posibilidad de reservarse el voto si hay discrepancias con los länder. Por otro lado, le pide ampliar “sin dilación” la participación de las comunidades en todas las formaciones del Consejo que afectan a sus competencias, como la formación del Consejo de Competitividad, donde se dirimen cuestiones relacionadas con la industria en un momento de cambio del modelo socioeconómico.
Pero, en lo que se refiere a Euskadi de manera específica, pide que pueda participar en las reuniones plenarias del Consejo de Economía y Finanzas, el Ecofin, que reúne a los 27 ministros de la Unión. Basa su reivindicación, que ya es histórica, en que Euskadi cuenta con autonomía fiscal, con sus propias haciendas forales y con el Concierto Económico. También plantea que participe en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, Jai, en su vertiente policial y de seguridad, en la medida en que cuenta con una Policía propia, la Ertzaintza.
Para abordarlo, Elorza solicitó que se convoque “en las próximas semanas” el foro bilateral de cooperación entre ambos gobiernos, la Comisión Bilateral de Asuntos Europeos, con el objetivo de abrir una negociación. “Es un foro constituido en 1995 y que lleva camino de cumplir 13 años sin reunión alguna”, lamentó.
¿Cómo participa ahora Euskadi?
La secretaria de Acción Exterior lleva una década planteando esta convocatoria sin éxito a los gobiernos del PP y del PSOE, de Rajoy y de Sánchez. La última vez que se planteó de manera formal esta demanda fue en julio del año pasado, en la conferencia sobre asuntos europeos (Carue) que se celebró en Euskadi, en Leioa, y a la que asistieron la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el de Exteriores, José Manuel Albares. Albares expresó entonces una voluntad genérica de contar con las comunidades, pero se escudó en que Euskadi ya participa en el Ecofin, lo que constituye una versión parcial de la situación real de Euskado en ese foro.
En realidad, el PNV acordó en 2011 con el entonces presidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que Euskadi participara en los grupos de trabajo del Ecofin, es decir, en las reuniones que sirven para preparar los documentos que se llevan al pleno del órgano. Pero Euskadi no participa en ese pleno, es decir, no tiene un asiento junto a los ministros europeos. La representación solo la tiene en los grupos de trabajo, entre bambalinas, a través de un técnico de una de las diputaciones, que se van turnando. El primero en participar fue el vizcaino José Gabriel Rubí, en 2011.
En cuanto al JAI, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, acordó con el ministro Marlaska que informara con carácter previo y posterior a Euskadi sobre los asuntos abordados. En el caso de Competitividad, Euskadi no tiene participación, y toda la relación que se ha forjado con Europa ha sido por los cauces de la consejería de Arantxa Tapia en su intensa agenda de contactos en momentos como el debate sobre el dumping chino en el acero.
Sustento legal
Elorza defendió la base constitucional de sus reivindicaciones e, incluso, opinó que la participación de las instituciones más próximas al ciudadano beneficiaría a la propia Unión Europea, porque su gestión sería más cercana a los ciudadanos. Elorza recordó que la participación en el Ecofin responde en el caso vasco “al Concierto Económico”, “a la realidad de nuestro ordenamiento jurídico", reconocido en la Constitución y en el Estatuto de Gernika. Cree que el modelo de participación actual no casa con el reparto competencial, “depende en exceso de la voluntad del Estado” y dista mucho del existente en otros estados miembro descentralizados. Asimismo, recordó que un acuerdo de la Carue de 2004 abrió la puerta a extender la participación a más consejos, porque la lista que se planteó era “inicial”.
El propio Gobierno de Sánchez ha proclamado su intención de que las comunidades se impliquen en su presidencia europea aunque, por ahora, los gestos se limitan a la designación de sedes para celebrar reuniones. En Euskadi, como ya adelantó Elorza en una entrevista con este periódico, se celebrarán una reunión del Consejo Informal de Competitividad (Bilbao) y otra del Coreper, la reunión de los representantes permanentes de los 27 estados miembros (Donostia). De momento, el Estado no ha llamado para concretar. Euskadi propone más eventos sobre el empleo, economía social, competitividad y cultura.
Planteó también que se amplíe la participación en la Comitología, los comités europeos que debaten cambios en la legislación (solo están abiertos 96 de 300, según denunció, y muchos de los cerrados abordan competencias de las comunidades). Además, defendió que se explore el estatus de región asociada para los territorios con competencias legislativas, y que Sánchez vele por potenciar la presencia y uso del euskera y resto de las lenguas oficiales del Estado.
La macrorregión atlántica
Sobre la comisión del arco atlántico, presidida por Urkullu y que reúne a territorios de los estados español y francés, Portugal e Irlanda, el Gobierno vasco pide a Sánchez que impulse la creación de la macrorregión. Quiere que el Consejo Europeo eleve un mandato a la Comisión. Supondría un salto cualitativo para que este grupo no aborde solo cuestiones marítimas, sino también interconexiones energéticas y ferroviarias o cuestiones climáticas. Lo apoyan el propio Gobierno español y el portugués, el francés no se opone, y confían en sumar a Irlanda, según dijo.
El PSOE esquiva las reivindicaciones
Desde Unidas Podemos, una de las formaciones del Gobierno español, Antón Gómez Reino dijo coincidir más allá de ver cómo “aterrizar” las demandas de Elorza. Desde el PSOE, Mínguez esquivó el debate y lo desvió al preguntar a Elorza cuáles son sus expectativas para el reto demográfico y qué opina sobre la estrategia de ciberseguridad. Con estas aportaciones en ponencia, se hará un informe.