El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que la renuncia de siete candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre a tomar posesión de sus cargos, tras las elecciones del día 28, demuestra que las críticas dirigidas a la formación soberanista por presentar a estas personas no respondían a una "conspiración", sino que estaban sustentadas en razones de "convivencia democrática" y en el rechazo a otorgar toda "preeminencia política" a quien ha acabado con la vida de otras personas.
Zupiria, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha reiterado las críticas del Ejecutivo vasco a la decisión de EH Bildu de incluir en sus listas a 44 personas que han cumplido condena por relación o pertenencia a ETA, de las que siete habían sido sentenciadas por delito de sangre.
El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que "será EH Bildu la que deberá explicar por qué decidió incorporar a sus candidaturas municipales y forales a personas que habían sido condenadas por su relación con ETA y que habían cometido delitos de sangre".
En la misma línea, ha manifestado que la coalición soberanista "deberá explicar por qué ha decidido ahora" que los siete candidatos condenados por delitos de sangre "no asuman sus cargos de representación en caso de resultar elegidos".
Zupiria ha afirmado, en respuesta a la reacción inicial de EH Bildu ante las críticas recibidas por incluir a estas personas en sus candidaturas, que "los acontecimientos de las últimas horas demuestran que esto no iba de intereses partidistas o electorales ni de barro político, sino que iba y va de convivencia democrática en la sociedad vasca".
El portavoz del Gobierno vasco ha recordado que esta polémica tuvo como "origen" una denuncia pública de la asociación de víctimas del terrorismo Covite.
"En el fondo se trataba de una denuncia o de una condena política y ética de una asociación de víctimas", ha explicado, tras lo que ha añadido que en este reproche hacia la decisión de EH Bildu se subrayaba que "cualquier condenado por terrorismo, aunque haya cumplido su pena, debería estar obligado a repudiar públicamente su pasado criminal si quiere ejercer una función pública".
Reconocer el daño
"La mayoría de la sociedad vasca sigue esperando que la izquierda abertzale y las personas que en su nombre ejercieron el terror y la violencia en nuestra sociedad reconozcan el daño causado y el carácter injusto e ilegítimo de la violencia que ejercieron", ha añadido Zupiria, quien ha subrayado que "de eso va este debate político y ético".
En esta línea, ha indicado que este debate "afecta a toda la sociedad vasca" y que en ningún caso responde a "conspiraciones de otro tenor".
Asimismo, tras manifestar que esta es una cuestión relacionada con la memoria histórica, ha advertido de que "no es justo que por un lado se reclame justicia y reparación para las víctimas de forma genérica; y a la vez, se quiera dar preeminencia política a las personas que han causado muerte y dolor". "No es justo, y esta sociedad no se merece revivir situaciones como esta", ha añadido.