El Gobierno vasco pide un consenso básico sin categorías de víctimas

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura, el Gobierno vasco ha vuelto a romper este lunes una lanza a favor de reconocer el dolor padecido por estas personas. Y pide hacerlo no solo desde el punto de vista legal, sino también social e institucional, de manera que se interiorice este reconocimiento. Apuesta por forjar “consensos básicos” en relación a todas las víctimas, unos consensos que dejen atrás la tendencia a establecer categorías y rangos entre ellas. La idea la ha lanzado el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, en los cursos de verano de la UPV/EHU, donde ha puesto en valor los pasos que se han dado hasta la fecha y ha reconocido al mismo tiempo que queda un largo camino.

El día de las víctimas de la tortura ha llegado esta vez en plena precampaña para las elecciones generales del 23 de julio, lo que no ha impedido que se lance al menos este mensaje y que el Parlamento Vasco se sumara de manera simbólica colocando un cartel en su fachada y manteniendo el pebetero encendido durante toda la jornada ante la escultura Brújula de medianoche. El Parlamento decidió sumarse por primera vez a este día impulsado por la ONU en 2019 y, tras el paréntesis forzado por el coronavirus, se llevó a cabo un acto de conmemoración en 2021 donde el Gobierno vasco entregó un reconocimiento a las familias de una treintena de víctimas de abusos policiales. El Ejecutivo ha profundizado en la reparación hacia las víctimas a través de la ley que aborda los casos ocurridos entre 1978 y 1999, e incluso ha realizado ya reconocimientos de especial simbolismo como el de Mikel Zabalza, el joven conductor de autobuses que perdió la vida tras su detención en el cuartel de Intxaurrondo en 1985 y a quien la versión oficial del Estado sigue negando la condición de torturado.

En este contexto, Ranz pone en valor la celebración del curso Verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, con una pluralidad de agentes, con instituciones, especialistas, activistas y víctimas, y con el Instituto Vasco de Criminología y sus directores Laura Pego y Carlos Martín Beristain. “Tortura. Una palabra demasiadas veces, demasiado tiempo, tabú”, comenzó Ranz, para añadir después que “en Euskadi, en Euskal Herria, se ha torturado”. “Y esta no es una opinión de parte. Es una realidad objetiva, veraz, contrastada; probada social y judicialmente. Se torturó en la dictadura, en la transición, también en democracia. Y lo debemos proclamar alto y claro. Por imperativo ético. Por imperativo político. Por imperativo democrático. Por imperativo de justicia”, recalcó.

Ranz reivindicó la “actitud proactiva” de la comunidad autónoma vasca en contra de la tortura y a favor del reconocimiento de las víctimas, una labor que comenzó “más tarde de lo debido” y donde “se ha avanzado mucho” pero “queda mucho por hacer”. Y en ese punto lanzó el mensaje principal de su intervención: “El reconocimiento legal es importante, muy importante. Pero es insuficiente. El objetivo ahora debe ser avanzar en el reconocimiento institucional, social, simbólico y moral de las víctimas de la tortura y de la violencia de motivación política”, dijo, para añadir que queda una tarea de vital importancia, “construir consensos básicos en materia de modelo de convivencia, en memoria, en víctimas”.

Sin segregación de víctimas

“En nuestro imaginario colectivo todavía no hemos superado la clasificación, la segregación entre víctimas en función de quién ha sido el agente perpetrador. No hemos superado la tentación de excluir, de compensar, de justificar. No hemos superado el sentirnos racional y emocionalmente más próximos a unas víctimas que a otras. Todas son víctimas: las de tortura, el terrorismo de ETA y todas las expresiones de terrorismo, y las víctimas de la violencia de motivación política. Todas son víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Todas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación y a la garantía de no repetición. Todas tienen derecho al reconocimiento legal, institucional, social, simbólico y moral”, zanjó Ranz.