El Gobierno vasco compensará económicamente a las familias que se están viendo afectadas por el plante del transporte escolar en Bizkaia y Araba. Según las estimaciones que maneja el Departamento de Educación, alrededor de 7.400 familias y sus hijos e hijas de la red pública se han convertido en rehenes involuntarios de este conflicto, el 2% del alumnado de la escuela vasca. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, anunció ayer que la próxima semana se publicará una Orden que detallará en qué consistirán estas ayudas con las que se pretende paliar los gastos en los que incurran las familias como consecuencia del pulso que algunas empresas del transporte mantienen con Educación para mejorar las condiciones del contrato de las rutas escolares este curso.
Por otro lado, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha incoado expediente sancionador por un posible acuerdo entre las empresas de transporte escolar para no presentarse a las licitaciones convocadas por el Departamento de Educación para el año escolar 2023-2024. En función de la información recabada durante la fase de información reservada, la AVC considera que existen "indicios racionales" de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, respecto de las conductas de 25 entidades en el territorio de Araba, 45 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa. La apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Los indicios racionales que motivan la incoación y la calificación que se especifica son de carácter provisional. Se inicia ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.
La intervención de la AVC era de esperar desde que el viernes de la semana pasada el consejero Bildarratz anunciase que iba a llevar ante la Fiscalía a ciertas operadoras que prestan el servicio de transporte escolar por la actuación "ilícita" en la que habrían incurrido para "manipular" al alza los precios del mercado de este servicio esencial para miles de estudiantes y sus familias, una actuación que puso en conocimiento de la AVC. Esta forma de actuar hizo pensar a Educación que se ha producido una concertación entre las empresas para obtener un mayor beneficio de la Administración. Y es que, mientras que el 98% de las rutas de Gipuzkoa se han adjudicado sin problema, el 95% de las de Araba y el 100% de las de Bizkaia han quedado desiertas con las mismas condiciones. Por ahora, los servicios jurídicos del Gobierno vasco no han dado el paso de denunciar ante el ministerio Fiscal a estas empresas ante la sospecha de que se han puesto de acuerdo para dejar sin cubrir unas 380 rutas escolares.
Reconsiderar la postura
Bildarratz volvió a reclamar ayer a las compañías que "reconsideren" su postura ya que ponen en riesgo el derecho del alumnado a recibir educación. Por otro lado, señaló que comparecerá "gustoso" al Parlamento Vasco para ofrecer todas las explicaciones sobre este problema, tal y como reclama la oposición. Por su parte, las compañías que el jueves no operaron en Bizkaia y Araba mantuvieron ayer su el plante pese a que la víspera Educación desestimó las medidas cautelares de los 39 recursos interpuestos ante el Gobierno vasco.
Entre tanto, miles de familias –sobre todo de zonas dispersas o del interior de Araba y Bizkaia– se tuvieron que buscar la vida para dar con alternativas de desplazamiento: coches compartidos, el uso de vehículos particulares, en taxi o quedadas para ir caminando en grupo. Pero este parche, que el primer día de clase incluso podía verse como una anécdota de la vuelta al cole, está comenzando a calar en el ánimo de muchos padres y madres, sobre todo porque no se vislumbra una solución a corto plazo.