El Ejecutivo de Urkullu aprobó ayer martes su Plan Normativo para 2023, que recoge las iniciativas que pretende presentar este año para su aprobación en Consejo de Gobierno. Son unas 160 iniciativas, de las cuales 14 son anteproyectos de ley y el resto son decretos. Este calendario solo compromete las fechas para que el Gobierno vasco presente estos proyectos, es decir, no son las fechas para su aprobación definitiva en el Parlamento Vasco ni su entrada en vigor, lo que ya depende de factores externos como la ampliación de los periodos de enmiendas que puedan solicitar los grupos. PNV y PSE sí tienen a su favor que cuentan con una mayoría absoluta suficiente para aprobar los proyectos, aunque ya es habitual que busquen un mayor respaldo.
Los anteproyectos de ley que pretende lanzar este año son el de la Comunidad Vasca en el Exterior (Lehendakaritza); el de Creación de la Agencia de Ciberseguridad y el que regula los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento (Seguridad, de Josu Erkoreka); Sistema de Empleo (Trabajo y Empleo, de Idoia Mendia); el de Transparencia y Participación Ciudadana y el de especialidades en materia de Derecho Patrimonial vasco y defensa de la empresa familiar (Gobernanza y Autogobierno, de Olatz Garamendi); los del Instituto Vasco de Finanzas, la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones, y el Plan Vasco de Estadística 2023-2026 (Economía y Hacienda, de Pedro Azpiazu); la Ley de Educación (Educación, de Jokin Bildarratz); el de Transición Energética y Cambio Climático (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Arantxa Tapia); y los anteproyectos de Ley de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Ley de Cooperación al Desarrollo, y Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación (Nerea Melgosa).
En cuanto a los decretos, en la lista figuran actuaciones como el Plan Territorial Sectorial para las energías renovables, el decreto para dar respuesta a la diversidad en un sistema educativo inclusivo, el derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda, el desarrollo profesional en Osakidetza, el régimen jurídico del personal funcionario local de habilitación estatal, y el decreto del teletrabajo.