El Gobierno vasco ha propuesto a la Comisión Europea que se reconozca la capacidad de gestión subestatal sobre las futuras Tarjeta Europea de Discapacidad y Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad.
La Comisión Europea presentó el pasado 6 de septiembre una propuesta de Directiva que regula esta dos tarjetas, que deberá ahora ser analizada por el Parlamento europeo.
El Gobierno vasco ve "muy positiva" esta futura Directiva y, a través de la REPER-Representación estatal permanente ante la UE que este segundo semestre coordina Nafarroa- y el canal de la Comisión "Have you say" de aportaciones institucionales y ciudadanas, ha realizado varias propuestas sobre estas tarjetas.
Así, desde el Gobierno vasco se ha propuesto que se reconozca la capacidad de gestión subestatal de ambas tarjetas en aquellas regiones europeas de la UE con autonomía para ello, lo que incluiría el registro o censo, la expedición y validez, la renovación y la retirada de las Tarjetas.
Asimismo, ha propuesto que exista una coordinación e intercambio de información europea estatal, subestatal y local de la gestión de las Tarjetas.
También plantea que las autoridades públicas realicen campañas puntuales divulgativas sobre el uso de las Tarjetas, especialmente la de Estacionamiento, colaborando con los departamentos de transporte, tráfico, servicios sociales, y todos aquellos que estén concernidos de las administraciones locales y regionales.
Además, sugiere que la Comisión Europea podría activar un sitio web con la información relevante sobre las Tarjetas disponible en todas las lenguas que tengan la condición de oficiales en cualquier territorio de la UE, lo que incluiría al euskera.
Por último, el Gobierno vasco subraya la importancia de disponer de datos desagregados por sexo que permitan hacer un análisis de la situación diferencial de mujeres y hombres y, por tanto, prever el posible impacto de género de las normas.
Para la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, este es un proyecto necesario que garantizará la igualdad de trato y la no discriminación en el acceso a servicios a las personas con discapacidad de los Estados miembros y regiones de la Unión Europea.